Civismo vs extremismo: Mochila segura

La recuperación de la enseñanza del civismo en nuestras escuelas abre la posibilidad de corregir los extremos a los que estamos llegando por el impacto del neoliberalismo en el sistema jurídico y en la cultura general. Entre las circunstancias recientes que ilustran el problema está la polémica sobre la “mochila segura” reactivada a partir de la terrible tragedia ocurrida en un colegio de Torreón. La revisión de las mochilas a la entrada de las aulas efectivamente implica una restricción de derechos, no una invasión a “la intimidad” que es un concepto impreciso al que se ocurre innecesariamente cuando basta con la observancia de la obligación constitucional de no inferir molestias a los gobernados salvo que estas se justifiquen. En consecuencia, la aplicación de un procedimiento como la mochila segura efectivamente restringe ese derecho fundamental a no ser molestado, pero no constituye una violación de derechos humanos en tanto existan razones que la justifiquen, llevar al extremo una pretendida defensa de tales derechos acaba por afectarlos puesto que existe la necesidad de preservar la seguridad de los educandos en los planteles y los acontecimientos que hemos vivido lo demuestran. Igual motivo justifica las revisiones en los aeropuertos que incluyen acciones francamente intrusivas y desagradables como el escaneo corporal pero que se estiman indispensables para ofrecer cierto grado de seguridad a todo el que aborda una aeronave. Igualmente en los estadios u otros centros de espectáculos se esculcan las pertenencias de los asistentes sin excluir a los niños, sin que se esgrima que se vulneran sus derechos.

En el campo de la educación se ha establecido como principio constitucional la educación para la vida que, en una de sus facetas debe dar lugar a que el estudiante conozca y pueda enfrentar las situaciones reales en las que habrá de desenvolverse; entre ellas está el sometimiento a restricciones como las que venimos mencionando. De manera que verificar el contenido de una mochila no debe verse como un acto ofensivo pues forma parte de los requerimientos sociales existentes, lo único que tiene que analizarse es si la acción cumple los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad. Pese a posiciones extremistas que ponen en riesgo a la colectividad en aras de una protección individual exacerbada, tales requisitos se satisfacen. La medida es idónea porque sirve para la finalidad que se pretende, en tanto que impide el ingreso de armas y de objetos que puedan implicar un daño potencial a los maestros o a los estudiantes. Es proporcional porque no inflige un daño grave o mayor a aquel que se busca prevenir y es razonable porque está dentro de los parámetros generales que se aplican en otras circunstancias sociales.

Ciertamente la situación ideal es que los padres asuman la responsabilidad de cuidar lo que llevan sus hijos en la mochila, pero en la realidad muchos no están en condiciones de hacerlo por diversos motivos e incluso haciéndolo siempre hay el riesgo de que al llegar a la escuela la mochila ya no tenga exactamente lo que salió de la casa, de ahí que no deba desecharse el examen profundo del programa “mochila segura”. Sobre quién debe hacer la revisión, si los padres perciben que es mejor que lo haga un grupo de ellos y no los maestros, las condiciones específicas de cada escuela pueden dictar el mecanismo conveniente; pero en lo personal no creo aceptable descalificar generalizadamente para esa tarea a los profesores, menos en un ambiente que procura revalorizarlos, pues su autoridad moral es mayor que la de los agentes que efectúan esas revisiones en otros ámbitos. No parece conveniente desconfiar de ellos cuando ya les hemos otorgado la confianza de educar a nuestros hijos y entre esos métodos educativos para la vida está el de aceptar este tipo de revisiones.

El equilibrio que debe privar para resolver estas situaciones deriva de la comprensión de lo que el civismo significa. Su raíz etimológica alude a la vida en comunidad. Supone el rescate de valores que rigen la convivencia social, los cuales son incompatibles con el individualismo a ultranza que se ha inoculado en nuestro sistema jurídico para exaltar el interés personal por encima incluso de las necesidades sociales. El civismo debe inculcar que la vida en sociedad implica, por su propia naturaleza, restricciones basadas en el respeto a los derechos de los demás y que la seguridad de todos conlleva acciones restrictivas que al final de cuentas protegen a cada persona en lo individual.

Otro efecto de la tragedia mencionada que debe conducirnos a recuperar los principios jurídicos básicos sin posturas extremas, es la pretensión en el marco de un sistema penal garantista, de acusar por homicidio al abuelo del niño que mató a su maestra. Eso es improcedente. Habrá incurrido en otros delitos o será civilmente responsable por descuido, pero de eso me ocuparé en una próxima colaboración.

eduardoandrade1948@gmail.com