La semana pasada se celebró exitosamente la XIII Asamblea Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) fundada en Chihuahua a mediados de 2012 y cuya primera asamblea general tuvo verificativo en el Puerto de Veracruz en octubre del mismo año. Desde entonces se han celebrado sus reuniones nacionales en: Cuernavaca,, Acapulco, Can Cún, Ciudad de México, Zacatecas, Saltillo, Puebla, Campeche, Guadalajara, Morelia, Tepic y la más reciente en Mazatlán. Esta organización, que se ha consolidado en poco tiempo, ha jugado un importante papel en el desarrollo institucional y legislativo del país durante los últimos seis años.
La cooperación entre diputados locales de todas las entidades federativas pertenecientes a los diversos partidos políticos nacionales y locales ha sido determinante para la aprobación de trascendentales reformas constitucionales y la adopción del marco legal para instrumentarlas en todo el territorio nacional. Ese ha sido el caso, entre otros temas, del nuevo sistema penal; la protección a las víctimas; la promoción de los derechos humanos; la adecuación de la legislación electoral; la disciplina financiera de los gobiernos locales o el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los Congresos de las entidades federativas forman parte del denominado Poder Reformador de la Constitución ya que las modificaciones a nuestra Norma Suprema, además de requerir los votos favorables de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en cada Cámara, deben ser aprobadas por la mayoría de los órganos legislativos locales. Estos, no obstante, suelen ser minusvalorados y sometidos a juicios superficiales y carentes de un sustento objetivamente informado.
La situación a la que me refiero la podemos encontrar en los informes que al respecto ha elaborado el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La metodología empleada en estos estudios privilegia esencialmente el criterio cuantitativo; menciona pero no pondera, aspectos cualitativos como la amplitud representativa de los Congresos; su pluralidad; el consecuente valor de los acuerdos entre diversas formaciones políticas; la reconocida importancia de los consensos, o la marcada equidad de género existente en ellos. Contiene datos cuya interpretación no es unívoca y es injusto presentarla con una connotación negativa. Por ejemplo, la cifra aislada de los recursos que tienen asignados suena escandalosa; parece un exceso lo que es una ínfima proporción del gasto público. Una gran mayoría de las entidades federativas destina menos del 1% de su presupuesto a la función legislativa. Sobre las asignaciones presupuestales se establecen comparaciones con legislaturas locales o nacionales de otros países pero no se explicitan los criterios con base en los cuales se seleccionaron esos congresos y no otros para establecer las comparaciones. El que algunos gasten menos en promedio por diputado no demuestra que sean mejores. Tampoco se analizan las proporciones poblacionales. Por ejemplo, España tiene 350 diputados nacionales para cerca de 47 millones de habitantes. Si se mantuvieran las proporciones, México debería tener 894 diputados. Eso demuestra que las comparaciones cuantitativas mecánicas carecen de sentido.
La función de supervisión del gasto que deben efectuar las Legislaturas Locales requeriría contar con recursos técnicos y humanos suficientes para contrarrestar la capacidad administrativa de las Secretarías de Finanzas.La tecnología y el personal calificado son caros y ello implica aumentar la proporción presupuestal que reciben. Es una simpleza descalificar este planteamiento con el pretexto de que significa aumentar el gasto. Un analista serio convendría en que basta con redistribuir el presupuesto y entender que un poder carente de capacidad económica es poco lo que puede hacer. Bajo esta óptica no puede estimarse como positivo que un estado, como Puebla, dedique una irrisoria proporción presupuestal a su Poder Legislativo, pues ello revela un grave desequilibrio entre poderes.
Sería muy ilustrativo un examen cualitativo y no el mero registro de datos numéricos inspiradosen una especie de productividad economicista. He argumentado que el método del IMCO equivale a medir la eficiencia de un conductor de autos por el número de veces que activó la palanca de cambios, aplicó los frenos o movió el volante en una distancia determinada, sin tomar en cuenta las características o necesidades de la ruta que recorre y el destino al que se dirige. Medir la funcionalidad es algo muy diferente a valorar la “productividad”. El número de comisiones o de sesiones efectuadas resulta irrelevante si no se estima la calidad y necesidad de los acuerdos alcanzados. Emitir legislación innecesaria o excesiva resulta contraproducente al igual que juzgar el funcionamiento de un poder sin valorar factores que reflejen la utilidad social de la función que tiene encomendada.
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