Los escándalos de corrupción vividos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, abonaron el terreno para el triunfo de AMLO en 2018. El principal mandato de la elección fue combatir y acabar con este flagelo. Por esta razón en su estrategia comunicacional, el discurso del presidente es reiterativo hasta el cansancio respecto al tema. El problema es que varios focos han comenzado a encenderse.
A través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el Inegi reportó que durante 2019 aumentaron los actos de corrupción. El Instituto señaló que 15.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó actos de corrupción. En contrapartida, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.
¿Qué significa esto? Se percibe que hay menor corrupción, sobre todo porque desde las mañaneras presidenciales se recalca continuamente que se está combatiendo, pero en los hechos la realidad demuestra que la gente ha sido víctima de mas casos de esta naturaleza. En este contexto, el reportaje hecho por Carlos Loret de Mola sobre las propiedades de Irma Eréndira Sandoval, en el cual destaca la donación de una propiedad por parte del gobieno de la CDMX, así como la adquisición de otras cuatro que fueron pagadas en efectivo, ha llamado la atención pues los datos no concuerdan con los ingresos obtenidos a lo largo de su vida profesional.
Desafortunadamente, las reacciones respecto a estos señalamientos, han distado mucho de lo que debería hacer un gobierno cuyo eje central es el combate a la corrupción. En lugar de mostrar apertura para aclarar las críticas, lo que ha habido son reacciones agresivas hacia el periodista que publicó este reportaje. En lugar de profundizar con transparencia, la negación sin explicación deja la impresión de que algo se oculta.
Como ocurre en toda democracia, el reto que enfrenta el gobierno federal no es menor; ha empezado resentir las críticas de sus opositores. Ya sea con el fin de desgastarlo o porque los señalamientos estén bien fundados, la respuesta ha sido equivocada. En lugar de aclarar hasta el útlimo detalle frente a la opinión pública, lo que le daría mayor confianza, lo que ha habido es sobreprotección a la funcionaria. Esto es delicado pues el proyecto de Estado debe estar por encima de cualquier integrante del equipo de gobierno.
Este episodio da muestra de que el simple discurso no bastará para mantener la credibilidad en el cumplimiento del mandato popular de combatir la corrupción. Por eso, mas allá de estrategias comunicacionales y golpes mediáticos en torno a “peces gordos” es fundamental que se mejore la capacidad institucional del Estado para combatir de raíz este cáncer. Aquí algunas propuestas:
1) Reforzar y alinear a los órganos de control. Es importante que el gobierno retome principios de coordinación entre organismos públicos que hoy están definidos en el Sistema Nacional Anticorrupción y que hasta el momento ha desdeñado. 2) Promover un gobierno verdaderamente abierto. Incorporar el big data y aprovechar las nuevas tecnologías de la información para hacer crecer y profundizar la participación ciudadana en la prevención y castigo de este mal.
La #SociedadHorizontal que hoy crece, reclama transparencia absoluta e involucramiento para alcanzarla; el gobierno federal no debería olvidar que en ello reside su legitimidad.
