Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común
En México se dice que la jornada electoral es la fiesta de la democracia, y en general así se siente para quienes las seguimos desde fuera. El pasado domingo se eligieron gobernadores en seis estados: Quintana Roo, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, y, si bien se considera que fue una jornada tranquila, no estuvo exenta de actos violentos en Oaxaca y Tamaulipas.
En Oaxaca, pobladores quemaron la papelería electoral en protesta por la falta de apoyos ante las afectaciones sufridas por el paso del huracán “Agatha”, lo que también motivó que no se instalaran casillas en las localidades más dañadas. En Tamaulipas la situación fue más tensa, ya que se registraron al menos dos eventos en los que sujetos armados irrumpieron en planteles educativos usados como sedes, para llevarse las urnas, lo que provocó pánico entre los funcionarios de casilla y los votantes presentes. No obstante, se puede decir que los hechos ocurridos fueron aislados y no tuvieron consecuencias mayores, ya que no cobraron la vida de ninguna persona.
Luego de que se declararan los virtuales ganadores todos hicieron énfasis en la victoria y en la fiesta democrática, una a la que asistió poca gente, hay que agregar, toda vez que en promedio participó el 47% del padrón electoral de más de 11 millones de personas.
La fiesta terminó, ahora queda la resaca, las impugnaciones, las declaraciones de quienes perdieron y la espera de las constancias de mayoría que oficialicen los resultados. Le seguirá el inventario de lo que reciben los nuevos gobernadores y con ello los problemas, que a decir de los otrora candidatos tienen muy bien identificados, inseguridad, pobreza, desempleo… La realidad es que lo primero que deberán enfrentar es un fenómeno que vemos repetidamente en el país, el reacomodo de las “plazas” en las que opera la delincuencia organizada, las muestras de control y exhibiciones de poder de fuego, los “ajustes de cuentas” y con ello el incremento de las masacres, extorsiones y asesinatos con tortura, los “narcomensajes” y en general, la violencia.
El año pasado se renovaron 15 gubernaturas y se registraron incrementos en los asesinatos en al menos 12 de los estados que estrenaron gobernador. Los casos más dramáticos han sido los de Zacatecas, Sonora, Michoacán y Nuevo León. Actualmente, de los seis estados a los que nos referimos, ninguno se encuentra entre los 10 de mayor incidencia de asesinato ni trata de personas a nivel nacional; Oaxaca ocupa el 5to lugar en mayor número de víctimas de feminicidio registradas en el primer cuatrimestre de 2022 y 8vo en secuestro, mientras que Hidalgo se encuentra en el lugar 9 de mayor incidencia de extorsión en el periodo señalado, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Será interesante seguir los cambios que tengan esas estadísticas, pero también la forma en que las nuevas administraciones asuman compromisos para implementar estrategias de seguridad localizadas y transparentar sus datos de delitos, ya que, si bien las cifras oficiales muestran un panorama relativamente estable, organizaciones como Causa en Común han detectado cifras “sospechosas” reportadas por algunos de estos estados, como Durango, que lleva años sin reportar víctimas de secuestro y trata; Hidalgo, que ha reducido la extorsión en 20% respecto de 2021; Tamaulipas que lleva años reportando disminuciones en feminicidios superiores al 50%, o Quintana Roo que ha reportado disminuciones en las víctimas de extorsión y trata del 43 y 56% respectivamente. Ante este breve recuento, esperemos que después de la celebración, las gobernadoras y gobernadores electos se tomen en serio su papel y cumplan con lo prometido.
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