Efectos sociales y económicos de la extorsión 

Por Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común

Este lunes se presentaron los datos sobre incidencia delictiva presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En dichos datos, se reportaron 4,673 casos de extorsión en el periodo de enero a mayo de 2022, un aumento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior. Una de las modalidades más comunes es el cobro por “derecho de piso”, el cual representa una amenaza para la seguridad, la tranquilidad y la estabilidad familiar y económica de las personas que lamentablemente lo viven.

De acuerdo con un estudio realizado por el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, el delito de extorsión tiene presencia en cada vez más regiones del país, eleva los costos de la canasta básica alimentaria e impacta negativamente en la inflación, hasta en dos puntos porcentuales. Esto, de acuerdo con el mismo estudio, debido a que el crimen organizado ha diversificado su mercado, y hoy no solo tienen presencia en la producción y trasiego de droga, sino también en mecanismos de extorsión en zonas de producción agrícola y de pollo, carne y maíz; en flora y fauna en peligro de extinción, y otros espacios en donde han visto una oportunidad económica.

Solo basta con recordar las crisis del aguacate y del limón que vivimos en fechas recientes, y el impacto que tuvo el control del crimen organizado en la producción de estos alimentos que llevaron a una subida extrema en los precios finales al consumidor. La producción de aguacate en la zona de Michoacán representa un 85% del total que se exporta a Estados Unidos, y un mercado aproximado de más de 2 mil millones de pesos tan solo en 2021. Este jugoso negocio es disputado por dos grupos criminales, ocasionando que los pobladores y productores sean víctimas de extorsión y amenazas. En tanto, el sobreprecio del limón se debe exactamente al mismo factor, pues productores han señalado que desde hace años se ven obligados a pagar un “impuesto informal” al crimen organizado para continuar realizando su trabajo.

Pero la extorsión no solo afecta a las personas productoras, sino también a los pequeños comerciantes, a las cámaras de comercio y a los transportistas, quienes en últimas semanas han denunciado no solo amenazas por parte de los criminales, incluso secuestros, robos de unidades y el asesinato de varios de ellos.

Otro efecto adverso de la extorsión es el desplazamiento forzado. De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2020 y 2021 se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia, al pasar de 9,740 a 44,869. Este fenómeno ocasiona el rompimiento del tejido social, así como un efecto adverso en contra de las familias que tienen que cambiar de manera forzada su lugar de residencia, pues pierden su arraigo cultural y sus fuentes de ingreso.

En síntesis, la extorsión no solo tiene efectos negativos a nivel económico, provocando un “impuesto informal”, aumento en la canasta básica y un efecto de casi 2 por ciento en la inflación, también tiene efectos adversos a nivel social, donde las víctimas de este delito se ven obligadas a pagar una cuota para “protegerse” de un posible daño material o físico contra ella o contra su familia, además que en ocasiones repercute en el desplazamiento forzado. Lamentablemente, este fenómeno va en aumento frente a autoridades rebasadas por las condiciones de violencia y las condiciones históricas de exclusión y pobreza que enfrentan muchas comunidades del país. Solucionar este flagelo implica no solo el fortalecimiento de los mecanismos legales e institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia, sino también medidas tendientes a contrarrestar las condiciones de pobreza. Los datos que publica el SESNSP son apenas un ligero esbozo del verdadero problema de la extorsión en el país, considerando los niveles de cifra negra de más del 95% que tiene este delito.