El pasado lunes 11, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un acuerdo firmado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y los Secretarios de Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.
En el primer párrafo se lee: “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”.
De forma inexplicable, este Acuerdo y en particular el párrafo transcrito, ha causado un enrome revuelo. Y sostengo inexplicable, pues se trata de una reproducción textual del artículo 5 transitorio, de Decreto de marzo del año pasado, es decir, de hace poco más ¡de un año! Además de que las reformas a 11 artículos de la Constitución y los 7 transitorios del citado Decreto, fueron aprobadas por unanimidad (ni una sola abstención ni voto en contra) en el Senado de la República, un voto en contra y ninguna abstención en la Cámara de Diputados y la totalidad de los 32 Congresos locales. Así, la creación de la Guardia Nacional y la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la Seguridad Pública, cuenta con un muy importante respaldo democrático, pluripartidista, político y legislativo, para actuar en la recuperación de las condiciones de normalidad y vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional.
Por eso resulta por lo menos extraño que incluso legisladores de los partidos minoritarios, señalen su inconformidad respecto de algo que ellos mismos aprobaron junto con sus compañeros de bancada. Lo mismo puede argumentarse de líderes de opinión y de organizaciones sociales, que sin bases consistentes, refieren términos más cerca de la propaganda que del análisis, respecto de la “militarización” de la seguridad Pública. Si se tomaran la molestia de documentarse a propósito de lo que ese vocablo significa, se darían cuenta, por ejemplo, de que México es el país de Latinoamérica que peor trata a sus Fuerzas Armadas respecto del gasto en proporción al Producto Interno Bruto; 0.5%. Solo nos supera Guatemala con el 0.4%. en primer lugar se encuentra Colombia con el 3.2%, es decir, poco más de cinco veces más que México. Tampoco hay gobernadores de extracción militar o funcionarios, además de los titulares de Defensa y Marina, en posiciones preponderantes de la administración pública y federal. Hay casi 400 mil policías locales frente a casi 300 integrantes de las tres Fuerzas Armadas. Volveremos sobre el tema.
@JOPso
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