Por Ricardo Gallegos*
Los estados mexicanos alzan la voz de una manera importante en los últimos días y esto tiene un componente técnico y político muy importante. Es indudable que la falta de recursos que se ha vivido en los últimos dos años ha hecho merma en el margen financiero de los estados y municipios, situación que, además, se ha exacerbado por la reducción/eliminación del Ramo 23, el mal resultado económico desde 2019 y, por supuesto, por los efectos esperados de la pandemia. Sin embargo, también no hay que dejar de lado que el próximo año se elige un nuevo Congreso, 15 gubernaturas y varios cientos de presidencias municipales. Entonces, las formas que tome esta ya áspera relación Federación-Estados jugará un papel muy importante en los próximos meses.
Siempre he sostenido que todos somos Federalistas hasta que trabajamos para el Gobierno Federal. En este sentido, difiero de la postura inicial de Hacienda, donde van más por el clásico argumento de que “debemos hacer más grande el pastel”, haciendo referencia a que la tasa de cobro de impuestos es del casi 14% a PIB, cuando en países de América Latina es del 17%. Creo que, si la idea es cobrar más impuestos para tener más que repartir, estamos todavía lejos de tener una verdadera discusión sobre el Federalismo.
En mi opinión, la verdadera discusión de fondo en torno al Federalismo no debería radicar en la parte de “abajo”, es decir, no en el cómo se reparte entre los estados los recursos federales provenientes de la Recaudación Federal Participable (RFP) o; en si uno aporta más al PIB que otro o si debemos premiar/castigar a los estados más rezagados; esta parte del entramado legal siempre es y será sujeto de mejora. La verdadera discusión debería estar en la parte de “arriba”, es decir, en el por qué en esta bolsa que se reparte Federación-Estados seguimos con un 80% a la Federación y 20 % a los Estados (los cuales vuelven a aplicar esta regla en lo general a sus municipios). Estimo que mucha de la discusión debería centrarse en esta parte; quizás una solución intermedia es que la Federación esté dispuesta a sacrificar parte de este reparto en beneficio de los estados, quizás condicionado a una mejora de sus sistemas de recaudación local, coordinación de fiscalización entre ellas mismas o inyección a proyectos de inversión específica, los cuales de alguna manera puedan ser medidos o fiscalizables.
Lo que también es un hecho es que estamos dentro de un contexto mundial que no habíamos experimentado. Hemos implementado pocas medidas contracíclicas, a diferencia de la mayor parte de las naciones en el mundo; por dar un solo ejemplo, Perú (HR A-) estará implementado diversas medidas casi de 10 puntos de su PIB. Estamos creciendo, sí, pero todavía faltan varios meses, o tal vez años, para alcanzar los niveles de 2018. A nivel local, de acuerdo con el ITAEE, al segundo trimestre sólo el estado de Tabasco presentaba un ligero crecimiento, mientras que el resto de las entidades mexicanas, tasas negativas; por lo anterior, la idea de mayores impuestos podría sonar para las empresas y al ciudadano de pie difícil de entender e inclusive de absorber mayores impuestos.
La relación entre Federación-Estados también está enrarecida por un contexto electoral y de fricciones políticas que ambas partes deberían cuidar, llevar lo técnico a esa arena y dejar la otra parte en las urnas. El sistema de coordinación fiscal seguramente será revisado durante 2021, y cambios y ajustes podrían ser implementados en 2022, pero para llevar a buen puerto este tema, se requiere de la voluntad -en el más amplio de los sentidos- de todas las partes involucradas.
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*Ricardo Gallegos es Director Ejecutivo Senior de Finanzas Públicas & Deuda Soberana en HR Ratings. Economista por el ITESM y estudios de Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.
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