Por Manuel I. Balcázar Villarreal
Con la creación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2018 se abrió la oportunidad para fortalecer y desarrollar el Sistema Nacional de Inteligencia, que es quizá uno de los principales desafíos, tanto por su complejidad, como por los aportes que puede hacer a la gobernabilidad democrática.
Aun cuando la readscripción del CNI haya sido del sector gobierno al sector seguridad, un concepto ampliado como seguridad humana, en los términos reconocidos por las Naciones Unidas (2012) aplicado a la producción de inteligencia nacional puede ser la base para superar los riesgos y amenazas que enfrenta México de manera visible, como son la inseguridad, violencia criminal y pandemia, por citar los más visibles.
Dentro de las principales acciones a emprender es modernizar la capacidades de inteligencia de los servicios de inteligencia civiles y militares, tanto en la dimensión federal como estatal, siendo apremiante en las entidades federativas fronterizas, tanto en el norte como el sur del país, en función de los recientes acontecimientos de enfrentamientos delictivos (Tamaulipas, Sonora y Baja California y Chiapas), surgimiento de autodefensas (Chiapas), y agresiones contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Dentro de las capacidades inmediatas a fortalecer, se considera que las actividades de análisis, producción y toma de decisiones que forman parte del proceso de inteligencia deben ser tratadas con especial apremio, para permitir a los altos funcionarios contar con productos de inteligencia estratégica que les permitan tomar decisiones con el menor número de sesgos posibles y evaluaciones laterales de impactos, resultados y expectativas en el mediano y largo plazo.
Este desarrollo de capacidades puede ser parte de un proceso de profesionalización ampliado, con el objetivo de especializar a los servidores públicos del país, en un esfuerzo encabezado por en CNI en coordinación con las Fuerzas Armadas, Secretaría de Gobernación, entidades federativas y academia, para integrar los esfuerzos y lograr resultados en menor tiempo para enfrentar la compleja situación que vive el país.
Es importante considerar que en una primera etapa el fortalecimiento de capacidades de inteligencia y profesionalismo debe orientarse hacia la vertiente estratégica, con el objetivo que esté en condiciones de orientar los esfuerzos y producción de inteligencia nacional desde una óptica estructural y menos coyuntural, que pareciera ser la visión que actualmente domina, con esfuerzos atomizados por parte de las entidades federativas y plataformas conceptuales en construcción entre agencias federales.
En este contexto, la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, o su permanencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no generaría mayor impacto en los resultados de contención y disminución de la violencia criminal si no se acompaña de un desarrollo integral y sostenido de capacidades de inteligencia estratégica, que permitan asignar recursos limitados de la mejor manera para pacificar al país.
Finalmente, debe destacarse que la directiva de la administración federal 2018-2024 contempla un mínimo uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, concentrando una parte importante de los esfuerzos operativos (SEDENA, SEMAR y GN) en “Operaciones para la Construcción de la Paz”, que para incrementar su eficiencia deben modificar el concepto operacional, utilizando la inteligencia para la atención de las causas, más de los efectos de la inseguridad, con modelos de coordinación entre ordenes de gobierno, sociedad civil, academia y comunidades vulnerables o afectadas por la inseguridad, basados en análisis estructurales y procesos de toma de decisiones visualizados en el mediano y largo plazo, solo así la directiva de privilegiar el mínimo uso de la fuerza puede tener una oportunidad de hacer de México un país con menores niveles de violencia e impunidad, que es el reto al 2024.
Investigador asociado del Centro de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM y candidato a Doctor por el Instituto de Administración Pública de Chiapas
