Desde luego, que no es la primera vez, que en la opinión pública y en la academia, se discute y polemiza respecto de las actividades del estamento armado en lo que se supone “no son áreas de su competencia”. Sea en asuntos de Seguridad Pública, campañas de salud, programas de apoyo social, construcción de infraestructura, son actividades, que si se estudia con atención el marco jurídico que va de la Constitución hasta reglamentos específicos, la participación militar en labores de apoyo al desarrollo del país, es parte inherente de su naturaleza y misiones.
Por ejemplo, la actividad en los astilleros que administra la Armada de México y cualquier estudio lo evidencia, el positivo impacto a la economía local, genera una serie de beneficios que no sólo se limita a ese ámbito. Se construyen escuelas, hospitales, vías de comunicación terrestres y de telecomunicación entre otros muchos beneficios. Incluso el beneficio de la Seguridad Pública. Lo mismo puede señalarse, cuando las instalaciones de Batallones, Comandancias de Zona y de Región Militares, generan una intensa dinámica local, en la que la sociedad y autoridades civiles en su conjunto salen beneficiadas.
En 2007, el entonces Presidente Nicolás Sarkozy, decidió de forma unilateral, realizar una importante redistribución de las instalaciones militares y de la administración geográfica militar de Francia. Las poblaciones afectadas por el retiro de dicha infraestructura manifestaron de inmediato su inconformidad; fue de tal magnitud la movilización, que la decisión tuvo que suspenderse. Los argumentos eran en efecto, las consecuencias que implicaría para las comunidades el retiro de dichas instalaciones castrenses.
Ahora, con la inminente aprobación de la ley que transfiere la administración y vigilancia de las aduanas marítimas a la Armada de México, proceso que inició en 2017 y que regresa a la situación original de 1976, cuando el entonces Presidente, Luis Echeverría Álvarez, decidió pasar de la Secretaría de Marina a la hoy Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mismas aduanas, se revive el debate de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en general. Así ha sucedido con la Secretaría de la Defensa Nacional que durante sexenios, la inexistencia de un marco jurídico adecuado para apoyar las labores de Seguridad Pública, se cubrió hasta la actual administración.
Es entendible las diversas reacciones de organizaciones sociales y analistas, a propósito de lo que consideran “excesos en las atribuciones”, sin embargo, me parece que hace falta más información y análisis para llegar a dicha conclusión. Basta con observar la fundamental participación de las Fuerzas Armadas en meses y años recientes en lo que concierne a labores de apoyo a la sociedad y a los Estados democráticos. En España, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Colombia, Brasil, Canadá o los Estados Unidos, se observa una indispensable participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país.
