por Genaro Ahumada
Este lunes, el INEGI publicó los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. Este sistema es un elemento fundamental para la garantía de la seguridad y la justicia de la población. Las prisiones del país son espacios vitales para alcanzar la pacificación. Sin embargo, hoy en día las cárceles son escuelas del crimen que no cumplen su función social de readaptar a quienes han cometido un delito y, muy por el contrario, se convierten en espacios tolerados de poder para ciertos delincuentes; para cometer más ilícitos, como la extorsión; o para perpetuar las brechas de desigualdad entre quienes pueden acceder a una defensa sólida y quienes tienen que pagar condenas, aunque no sean culpables.
De acuerdo a la información de este Censo, la capacidad instalada del sistema penitenciario es de 15 centros federales, 251 estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, es decir, 218 mil 474 espacios. Actualmente el Sistema tiene una ocupación del 97%, y para 2020, ejerció un presupuesto de 37 mil 982 millones 945 mil 681 pesos, una disminución del 1.4% respecto a 2019, lo cual es un contrasentido que, a mayor número de ingresos, menor presupuesto. Respecto a los ingresos, en 2020 entraron al Sistema 5,956 personas a centros federales y 104,395 a centros estatales. Las entidades con mayores ingresos fueron el Estado de México con 11, 387 y Baja California con 10, 894. Relacionado con ello, cabe resaltar que desde Causa en Común hemos señalado la necesidad de reducir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues en general, se inunda a las cárceles de personas que no han sido enjuiciadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en su más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que, entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2019, se registraron 1,029 incidentes graves, de los cuales 902 ocurrieron en centros locales y 127 en centros federales de readaptación social. Entre los tipos de incidentes se contabilizaron: homicidios, suicidios, riñas, motines, desórdenes y abusos. Específicamente, se reportaron 606 riñas, 482 en CERESOS y 124 en CEFERESOS. Para la redacción de dicho diagnóstico, la CNDH visitó 183 centros dependientes de los gobiernos locales, lo cual les permitió constatar que en 61 de estos centros se presentan condiciones de “autogobierno”, es decir, que los internos realizan o participan en actividades propias de la autoridad.
Cada día se agrava más la crisis de nuestro sistema penitenciario, derivada de su abandono y del poco interés que tienen las autoridades por rescatarlo. Se trata, sin duda, de un tema pendiente y olvidado por los gobiernos locales y por el gobierno federal. Las cárceles estatales están peor situación que las federales. Es ahí donde las personas privadas de la libertad sufren más violaciones a sus derechos; donde grupos criminales operan sin que nadie los moleste; y donde la muerte de un interno no es, ni por mucho, un tema de alarma para nadie.
En Causa en Común hemos insistido en la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario como una de las vías indispensables para alcanzar verdaderos resultados en materia de seguridad. Para ello, la organización ha propuesto poner en marcha todas las acciones previstas para el rescate y desarrollo penitenciario a nivel federal y en las entidades federativas. Esto debe incluir la ampliación o construcción de centros penitenciarios; el mejoramiento de instalaciones; planes de capacitación para personal de seguridad y de custodios; mejoramiento de las condiciones de higiene y de salud; la creación e implementación de programas de prevención de adicciones, así como de programas de reinserción social; y el funcionamiento de la Conferencia Penitenciaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha brillado por su ausencia.
La inseguridad en el país vive la peor crisis en los últimos 100 años. El olvido institucional del sistema penitenciario es un tema delicadísimo en términos de seguridad para el país, y en términos humanitarios. Las políticas de seguridad deben contribuir a mantener en la agenda pública este tema tan sensible.
