El pasado día 11, cuando fueron presentados a los medios de comunicación por el Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, los responsables de la Guardia Nacional, encabezada por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, ese mismo día se enviaron al Congreso de la Unión, un conjunto de leyes secundarias para normar las actividades de la nueva institución.
Me refiero a la Ley de la Guardia Nacional; la Ley sobre el uso de la Fuerza; y la Ley del Registro de Detenciones, en específico. La conducción de la Guardia Nacional, contará con una Coordinación Operativa Interinstitucional, que tendrá entre sus principales funciones, auxiliar al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a propósito de la organización y despliegue táctico de los integrantes de la misma corporación. En este punto es relevante señalar, que en la medida de que son militares la gran parte de sus integrantes (35 mil elementos de la Policía Militar y 8 mil de la Policía Naval) la necesidad del mando militar era una decisión obligada. El país no está para experimentos.
En cuanto a la Ley sobre el uso de la fuerza, es evidente que la preeminencia de los Derechos Humanos seguirá siendo una constante para los integrantes de las Fuerzas Armadas, en tanto continuarán a lo largo del actual sexenio, en labores de apoyo a la población en materia de Seguridad Pública. Los principios que contempla este instrumento jurídico, se apegan a los criterios de derecho internacional y de organismos multilaterales. Oportunidad, proporcionalidad, racionalidad, legalidad, son los aspectos fundamentales para la guía de los integrantes de la Guardia Nacional.
Por lo que hace a la Ley Nacional del Registro de Detenciones, tiene por objetivo central, establecer los procedimientos que garanticen el control y seguimiento de aquéllas personas que habiendo delinquido, deban iniciar su proceso penal. Aquí los principios fundamentales que contempla la ley son: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad y pleno respeto a los Derechos Humanos. Hay que subrayar, que esta norma, se refiere a las detenciones que realicen exclusivamente las corporaciones policiales y la Guardia Nacional. Este es en la práctica, una paso determinante en la consolidación de la indispensable reforma del sector Seguridad Pública en todo el país, lo que incluye por supuesto, a las policías municipales y estatales.
Como se puede observar, la Guardia Nacional inicia sus actividades, no sólo con un respaldo unánime tanto del Poder Legislativo (a nivel federal y estatal) como del Poder Judicial, sino que también, contará una vez aprobadas las leyes aquí referidas, con recursos jurídicos de primer orden, para iniciar de una vez por todas, la recuperación de la tranquilidad, el desarrollo y las Seguridades Pública e Interior. Esperemos que el General Rodríguez Bucio, su equipo y los integrantes de la Guardia Nacional, tengan pleno éxito.
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