Luego de sus dos reuniones con los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y de Marina Armada de México, Francisco Vidal Soberón Sanz, el Presidente electo, rectificó para bien, su postura original manifestada en la campaña electoral, de que las Fuerzas Armadas reprimían, violaban derechos humanos y eran sobre todo, que eran poco funcionales para contener al crimen organizado y delincuencia común. Seamos claros: no hay otro recurso en el país y sus instituciones para salvaguardar la tranquilidad.
Debe recordarse que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por decisión del Presidente Enrique Peña, radica la última parte del proceso político jurídico para que contar con un recurso legal que norme la participación del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México, en labores de apoyo y en muchas ocasiones, de franca suplencia, a la Seguridad Pública. De allí, que el pronunciamiento del próximo Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, cobre singular relevancia más aún cuando a partir del sábado 1 de septiembre, el Congreso de la Unión inicie la LXIV Legislatura.
De ninguna manera puede continuarse en la ambigüedad o imprecisión jurídica cuando tenemos en marcha la experimentación del sistema penal acusatorio, que tan polémicos resultados da. La Ley de Seguridad Interior, por lo tanto, una vez que ya fue aprobada por dos de los tres Poderes de la Unión, deba ser aplicada para que así la autoridad civil sobre todo, asuma a cabalidad sus responsabilidades en materia de Seguridad Pública y con ello, los cuantiosos recursos dinerarios asignados también, sean aplicados con transparencia y eficiencia.
La referida Ley, fue aprobada por el Congreso de la Unión y turnada al Ejecutivo desde diciembre del año pasado. Si bien puede entenderse –pero no justificarse, que debido a las elecciones se haya pospuesto su definitiva aprobación por la Suprema Corte, la ola de violencia y crimen ha alcanzado proporciones históricas, pues como sabemos, julio de este año, ha sido el más sanguinario desde hace 20 años. No se pueden seguir postergando medidas que tienen o pueden tener, efectos estructurales positivos. Normar la participación de la Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública significa justo lo contrario de lo que se argumenta: reducir gradualmente su involucramiento, para dejar a las autoridades civiles la entera responsabilidad en las labores de preservación y fortalecimiento del Estado de derecho.
Ninguna democracia funcional puede subsistir ante un escenario de violencia como el que vivimos. La expectativa creada por un partido político y su candidato, tiene que ser usada en mejoras de la calidad de vida de la población, empezando por la Seguridad Pública, que permite que todos puedan desempeñar sus labores sin sobresaltos ni incertidumbre. Democracia, Seguridad y prosperidad, son la base que fortalece la identidad nacional.
@JOPso