Por Vidal Llerenas
En el ámbito nacional se presenta un debate con respecto a las instituciones de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. En general la demanda, que se recoge por parte de varios legisladores federales, consiste en que el gobierno deje de sabotear la puesta en operación del sistema nacional anti corrupción y que la procuración de justicia se aleje de objetivos políticos, como la protección a Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.
En la Ciudad de México las cosas son todavía peores. Se ha formado una coalición entre Miguel Ángel Mancera, el Jefe de Gobierno y las fracciones del PAN y del PRD para beneficiar a los gobiernos delegacionales de esos partidos y construir un sistema de protección para el gobierno, que le permita escapar de las obligaciones de transparencia y de fiscalizadores independientes. El discurso en favor de la transparencia del frente se derrumba en la capital, con un gobierno que, ante la inminencia de perder el poder, recurre a lo que sea para tratar de retenerlo, o al menos estar protegido cuando lo haya perdido.
Los ejemplos sobran. La convocatoria para los nueves comisionados de transparencia duró minutos, para que nadie peligroso pudiera participar, la sociedad civil fue excluida de los procesos de nominación, los magistrados anti corrupción surgieron de los asesores legislativos del PAN y del PRD, sin proceso competitivo alguno. El colmo es que se pretende que el actual contralor, nombrado, claro está, por el Jefe de Gobierno, tenga un nombramiento por un periodo transexenal, es decir para que en la próxima administración no se revisen las cuentas de la actual. El frente sirve en capital para abonar en la opacidad del gobierno y construir un sistema anti corrupción a modo.
Algo similar sucede en la asignación de los recursos a las delegaciones. Sin pudor alguno, a las demarcaciones que gobierna el PAN y el PRD se les asignó, sin razón alguna, sin formulas ni criterios objetivos, un menor presupuesto con respecto a las de Morena, el único partido opositor en la asamblea . Con respecto al proyecto original, en total, las delegaciones tuvieron un crecimiento de 23% en su presupuesto, 548 mdp adicionales. Sin embargo en el decreto aprobado las delegaciones morenistas de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco tuvieron incrementos de solamente 9.3, 5.8, 10.9, 7.1 y 9.1 por ciento, respectivamente. Sin embargo, el presupuesto de Alvaro Obregon creció en 23%, Benito Juárez 28% y Coyoacán 27%. Como el PRI es también un aliado en todo esto, entonces la delegación Cuajimalpa tuvo 40% más de lo propuesto por el ejecutivo. Esto también derrumba la propuesta de que el frente quiere un federalismo justo, lo que se demuestran cuando actúan juntos en el legislativo de la capital, ya que sólo quieren repartir recursos para apoyar a sus amigos.
El gobernó de Mancera y la coalición PAN-PRD en la asamblea es un lastre para la supuesta idea de que el frente representa una opción de gobierno distinta, honesta y eficaz. Lo que ha marcado a la Ciudad en los últimos años son las crisis por la calidad del aire, que ya se habían superado, el incremento de los homicidios, que ya se habían reducido, y la pifias y la baja inversión en transporte. El legislativo de la capital, comandado por el PAN y el PRD, consiente al gobierno y le trabaja instituciones y nombramientos a modo, a cambio, protege a los liderazgos de estos partidos, al grado que permite que sus excesos se desborden y que se dieren los hechos recientes en Coyoacán. Lo que el frente ofrece en la capital es un intercambio de impunidad entre Mancera, el PAN y el PRD.
