El estado que paradójicamente tiene una estrategia de seguridad llamada “Hidalgo seguro” ha sido el centro de la atención en los últimos días porque dos personas perdieron la vida a causa de distintas negligencias: Beatriz Hernández murió en la cárcel municipal tras ser detenida por policías y Leobardo Hernández falleció por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno que lanzó la policía durante una manifestación. El hartazgo social y la desinformación, alentados por el fervor de la inmediatez y la necesidad exacerbada de justicia, han derivado en acusaciones desmesuradas y erróneas. De nuevo, las policías se convirtieron en la carne de cañón para exculpar a los verdaderos responsables y desviar la atención del problema central.
El caso más sonado fue el de la doctora Beatriz ya que las autoridades refirieron que se había suicidado. Durante varios días circularon publicaciones en medios de comunicación y redes sociales que aseguraban que los elementos de la policía municipal la habían asesinado. Bajo la insignia “no fue suicidio, fue feminicidio” hubo diversas protestas que terminaron incluso en la quema del ayuntamiento en donde sucedieron los hechos. Sin embargo, hace unos cuantos días una jueza determinó vincular a proceso a los policías por homicidio culposos y no por feminicidio. Los videos, testimonios, peritajes y las fotografías respaldaron que no la mataron ni hubo violencia sexual en su contra. La responsabilidad de los policías fue, en realidad, que descuidaron su salud y su estado mental y que no preservaron su vida e integridad.
En el caso de Leobardo Hernández, las acusaciones fueron en contra de los policías estatales que cometieron abusos al intentar contener una manifestación campesina. La comisión estatal de derechos humanos incluso emitió una recomendación en la que sustentó su actuación excesiva. Tan solo unos días después, la mayoría de los policías se manifestaron en el palacio de gobierno para denunciar abusos dentro de la corporación y exigir mejores condiciones laborales. Los elementos argumentaron que la muerte del joven recayó en la decisión de sus mandos quienes ordenaron reprimir a los manifestantes: “…como es costumbre dieron la orden y todo salió mal”. Su responsabilidad fue seguir instrucciones y no estar preparados para contener multitudes.
En ambos casos, los elementos son culpables, tanto por omisión como por acción, y deben ser sancionados. Sin embargo, el reclamo no puede quedarse en la simplificación de estas acciones porque no es el principio ni el fin del problema. La realidad es que las policías no reciben la capacitación, el equipamiento ni los recursos necesarios para estar al nivel de las exigencias ciudadanas. No se puede esperar, por ejemplo, que con un curso de cuarenta horas sobre manejo de armas las policías dominen el uso de éstas, o que con uno de treinta horas sobre primeros auxilios puedan atender emergencias. Que si solo les dan un arma no la usen para su defensa. O que con cuatro mil pesos de jubilación arriesguen su vida para realizar un trabajo excepcional.
Los abusos y descuidos policiales de Hidalgo -contrario a la tendencia- no tuvieron intenciones dolosas, pero sí comparten los orígenes con otros casos: el abandono de las corporaciones que siguen sufriendo recortes presupuestales, su mala y escasa preparación y la explotación laboral que impera en estas instituciones. Si no se alza la voz ante esta desidia, es absolutamente cínico sorprenderse de los abusos, faltas y omisiones que derivan de la misma. Y por ello, habrá que repetirlo cuantas veces sea necesario: para que las policías nos cuiden, empecemos por cuidarlas.
, consultor en seguridad y justicia. @ddblanc
