La violencia ejercida durante esta elección no debería ser una sorpresa. En este país no es novedad que asesinen, secuestren, desaparezcan, amenacen e intimiden a candidatas(os) durante el proceso electoral. Tampoco que las autoridades minimicen o nieguen esta problemática: el gobierno federal considera que hay paz y tranquilidad a pesar de que se cometen casi cien asesinatos diarios, y los gobiernos locales creen que hay seguridad porque manipulan las cifras de los delitos. En realidad, la sorpresa es que la violencia alcanzó de nuevo a la clase política y no hicieron nada al respecto. Solo se dedicaron a lamentar muerte tras muerte.
El saldo de la violencia electoral fue -al menos- de 35 asesinatos y 518 agresiones en contra de aspirantes y candidatas(os) según el último informe de la consultora Etellekt. Todos los partidos políticos enfrentaron alguna de estas situaciones, y en vez de actuar, se enfrascaron en un pleito ridículo e infantil en el que se culpaban los unos a los otros, sin darse cuenta que realmente todos eran víctimas y responsables. Los partidos denunciaban la violencia en los estados de la oposición, pero se quedaban callados cuando pasaba en los que gobernaban. O exigían una reacción inmediata de las autoridades, pero permanecían pasivos ante los ataques en contra de sus contrincantes.
La claudicación gubernamental ante la violencia también se manifestó a través del despilfarro de dinero en propaganda y la nula inversión en seguridad. Por ejemplo, en Veracruz -el primer estado con mayor número de asesinatos- el candidato a la diputación local por la alianza PRI-PAN-PRD, Jaime Enrique De la Garza, gastó poco más de 327 mil pesos en propaganda para la vía pública. Esta cantidad podría cubrir el salario mensual de diez policías y siete Ministerios Públicos. En Guanajuato -el segundo estado con mayor número de asesinatos- los dos candidatos de MORENA y PVEM y la candidata del PAN a la presidencia municipal de León gastaron en conjunto tres millones y medio de pesos en propaganda para la vía pública. Con este presupuesto se podrían comprar treinta cámaras de videovigilancia y dos patrullas equipadas.
Otra forma de claudicar es callarse -por miedo o colusión- ante cualquier incidente. Muy similar a la manipulación de las cifras: si no reportamos el suceso, entonces no pasó. Así lo hizo el secretario de gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer, quien le pidió a la candidata de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez, no interponer una denuncia ante la fiscalía ni dar declaraciones públicas porque podían tener problemas con el grupo delincuencial que la había secuestrado. Y tan solo unos días después, durante una conferencia, aseguró que estaban todas las condiciones de paz y estabilidad para celebrar las elecciones en el estado. Se necesita mucho valor o poca vergüenza para afirmar esto en el cuarto estado con mayor número de agresiones registradas a nivel nacional y en donde asesinaron -al menos- a cinco actores políticos durante esta contienda.
Los últimos procesos electorales han demostrado que las candidaturas, independientemente del estado y partido político, son una apuesta bastante arriesgada porque se pueden jugar literalmente la vida por un puesto en el gobierno. La mayoría decide correr este riesgo porque el beneficio es muy grande: si ganan adquieren ciertos lujos y privilegios, sin importar si hacen un buen trabajo o no. El problema es que estas personas, a fin de cuentas, estarán a cargo de la seguridad y justicia del país, y si ni a ellas les importa su propia vida, ¿qué le depara a la ciudadanía?
Consultor en seguridad y justicia. @ddblanc
