Por Samuel Carrillo Amezcua
La inseguridad es uno de los grandes problemas de México. Nuestra nación experimenta una crisis de violencia que se manifiesta a lo largo del territorio nacional, con mayor o menor intensidad dependiendo de la zona. La inseguridad se constituye en la violencia por razón de género, la delincuencia común y el conflicto que el Estado sostiene con las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
La debilidad del Estado mexicano para enfrentar a estos flagelos y la intensificación de las necesidades del régimen obligaron a la militarización de la vida pública, lo cual es contraproducente para el desarrollo democrático y la gobernabilidad del país. Sin embargo, mientras las instituciones civiles se sigan viendo superadas por estas problemáticas, será el aparato militar el recurso táctico que el Estado utilice para garantizar no sólo la Seguridad Pública, también la Seguridad Nacional.
De modo que, ante este conjunto de adversidades, será de suma importancia que los gobiernos dejen a un lado sus diferencias ideológicas y coloquen a la seguridad en el nicho de la neutralidad diseñando en conjunto una agenda común en la materia a fin de prevenir, enfrentar y responder de manera contundente a las amenazas que México enfrenta. Es ese sentido, urge que la Federación, las entidades federativas y los municipios profesionalicen el servicio público con perspectiva de género, dignifiquen cuanto antes a los cuerpos policiacos con el objetivo de recuperar la confianza de la población en ellos y construyan una división especial que atienda la violencia contra las mujeres, doten de mayores recursos a las estructuras de inteligencia y establezcan tanto protocolos de respeto a los derechos humanos como un marco legal certero que regule la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de mantenimiento del orden.
Además, es oportuno que a lo largo de la geografía nacional se fortalezcan las tecnologías de vanguardia en las redes de vigilancia y contacto ciudadano. Se necesita promover la denuncia, fomentar valores culturales que induzcan al respeto de la legalidad, impulsar conductas cívicas y éticas que erradiquen la corrupción, generar condiciones laborales dignas, oportunidades de desarrollo, salarios dignos, recuperar espacios públicos, trabajar en una correcta reinserción social y sobre todo apostar por la educación y el deporte ya que son herramientas de reconstrucción del tejido social, útiles para alejar a la juventud de la delincuencia y de los comportamientos ilícitos. Cabe señalar que la sociedad civil organizada, el sector privado y la rama académico-intelectual son de suma importancia en este nuevo paradigma de seguridad, porque con sus conocimientos y recursos colaborarán en la formulación de nuevos planes estratégicos, evaluarán el desempeño de las autoridades y fomentarán la participación ciudadana.
Al mismo tiempo, con la intención de apoyar y complementar las ideas planteadas, será pertinente que también la cooperación internacional en materia de seguridad e impartición de justicia se intensifique, puesto que si estos enemigos del progreso atraviesan las fronteras y se sirven de los medios de la apertura global, lo mismo tendrá que hacer la acción de la ley y quienes la defendemos. Finalmente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que abandonar el discurso populista de polarización y convocar cuanto antes a la unidad nacional. Si juntos actuamos de esa manera, los Órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión, la sociedad civil organizada, el sector privado y la rama académico-intelectual:
¡Podremos salvaguardar a nuestras mujeres, garantizar los derechos humanos, proteger la dignidad de nuestras comunidades, robustecer las instituciones democráticas, preservar las libertades y garantizar un ambiente de paz para todas y todos!
