Quienes a lo largo del tiempo hayan seguido mis colaboraciones en estas páginas, saben que siempre he sostenido la necesidad de entrar a fondo al problema de la eventual legalización del uso de la mariguana, cuestión que no podía ser eludida por diversas circunstancias, entre otras, la creciente autorización de su consumo lúdico en diversos estados de Estados Unidos y en todo el territorio canadiense.
Por eso pienso que el próximo gobierno está tomando una decisión correcta en relación con el tema a través de la iniciativa presentada la semana pasada por la senadora y futura secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, documento que fue acompañado por Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con lo que resulta claro que hay una definición unificada en la bancada que respalda al futuro titular del ejecutivo para llevar a la práctica este proyecto, cuya principal finalidad, como lo indicó la autora de la iniciativa, es incidir sustantivamente en la disminución de la violencia que azota al país y que lo ha colocado en la poco edificante posición de ser considerado como un sitio en el que se desarrolla un “conflicto armado no internacional”, de acuerdo al último reporte de The War Report Armed Conflicts 2017. Ese informe, al que se alude en la exposición de motivos, afirma que en México luchan violentamente el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación por un lado y, por otro, tales grupos criminales se enfrentan a las fuerzas armadas del Estado.
Es muy importante tener presentes las razones expuestas por la senadora Sánchez Cordero, a fin de que la sociedad se empape en el conocimiento de la necesidad de abordar este tema con decisión, pese a ciertas reservas planteadas por personas a quienes preocupa un posible crecimiento de las adicciones. Tales reservas se superan con datos duros como los contenidos en la iniciativa respecto de los “resultados negativos de la política prohibicionista que ha traído la criminalización de un sector muy grande del país, sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto. Para el año 2012, el 62% de la población reclusa en alguna penitenciaría federal había sido sentenciada por delitos contra la salud: 58.7% de esa población, además, fue sentenciada por alguna actividad relacionada con la cannabis aunque no necesariamente por consumo... En 2011 había 1509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de cannabis.”
La regulación prevista es bastante completa ya que abarca la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al empleo de cannabis. Se deja claro que toda persona tiene derecho a portar hasta 30 gramos y quienes requieran portar más de esa cantidad, tendrán que solicitar un permiso al órgano que se crea para la regulación de estas actividades, que es el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis con el carácter de organismo descentralizado, el cual tendrá la función de “regular, reglamentar, monitorear, sancionar, y evaluar el sistema de regulación de la cannabis.”
La iniciativa introduce el concepto de “uso adulto” para referirse al empleo del producto de cannabis preparada para su consumo o sus derivados por personas mayores de edad, en estos casos se trata de la sustancia que tiene efectos psicoactivos. También se establece en la iniciativa el uso médico por virtud del cual la cannabis es preparada para atender algunas enfermedades o aliviar determinados síntomas bajo supervisión médica. Otra categoría es el producto de uso terapéutico, el cual tiene por objeto que el consumo se destine a fines de prevención, tratamiento y alivio de los síntomas de enfermedades que no requieren supervisión o autorización médica. Se prevé también la producción de aceites, cremas o cualquier otra sustancia producida con cannabis. El proyecto contiene una tajante prohibición respecto del comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis para uso adulto a menores de edad. Igualmente, se prohíbe emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis. La violación de estas prohibiciones dará lugar a sanciones penales. Asimismo, se incorpora la prohibición de conducir cualquier vehículo, manejar equipo o maquinaria peligrosa, bajo el efecto de la sustancia que tiene efectos psicoactivos, es decir, que afectan funciones cerebrales.
La normatividad prevista en el proyecto es exhaustiva y denota un estudio profundo, serio y responsable para emprender la necesaria regulación de esta actividad. En futuras colaboraciones habrá oportunidad de referirnos a otros aspectos de la legislación que pretende aprobar.
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