Estamos a pocos días de concluir 2019 y de iniciar un año muy importante para la democracia de nuestro país. Cerramos un año en el que la autonomía de varios órganos constitucionales se ha puesto en peligro a través de las designaciones de sus integrantes, así como con intentos de reforma constitucional y legal. La intención es controlar desde el poder político el actuar de dichas instituciones.
Tratándose de las designaciones, hay que recordar lo ocurrido con la Comisión Reguladora de Energía y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Más allá de que los perfiles de quienes fueron designados fueron severamente cuestionados por la opinión pública y por algunas fuerzas políticas por su presunta parcialidad con el actual gobierno, lo cierto es que la información en medios de comunicación giró en torno al incumplimiento tanto de requisitos legales de los aspirantes, como de las propias reglas del procedimiento.
Por lo que hace a las iniciativas de reforma, a lo largo de 2019 se presentaron por lo menos dos intentos que buscaron minar la autonomía del INE. El primero de ellos, bajo el pretexto de la austeridad, buscó desaparecer a los organismos públicos electorales locales (antes institutos estatales electorales) para que las funciones de éstos fueran desarrolladas por el INE. Más allá de que dicha medida no se traduce en ahorros, pues existen funciones a nivel local donde la autoridad nacional no tiene atribuciones, la reforma pretendía que los titulares de la estructura desconcentrada del INE en los estados de la República fueran designados por la Cámara de Diputados.
La vulneración a la autonomía de la autoridad electoral radica en que quien coordina los trabajos de la organización de las elecciones federales a nivel estatal son las y los delegados del INE que son designados por la propia autoridad electoral. De ahí que la pretensión de que su designación sea a instancia de la Cámara de Diputados, hace evidente el control político que se le quiere imprimir a la operación territorial de la organización de las elecciones federales.
El segundo intento tuvo que ver con la conclusión anticipada del periodo de gestión del Presidente del INE. Bajo el pretexto de aprovechar la designación de 4 integrantes del Consejo General del INE, se busca recortar 3 años el periodo por el que fue designado.
Destituir a la cabeza de una institución que ha demostrado su autonomía en la organización de procesos electorales es signo evidente de la incomodidad que genera. Hoy la ciudadanía acude a las urnas a ejercer su voto en libertad. Basta recordar que desde la creación del INE, la institución ha participado en más de 198 elecciones (4 federales) y el porcentaje de alternancias tratándose de elecciones a nivel estatal (gubernaturas y ayuntamientos) es de más del 60%.
Las dos iniciativas de reforma son actos que deben prender los focos de alerta respecto a la vulneración de la autonomía de la autoridad electoral. La experiencia con las designaciones de integrantes de órganos constitucionales autónomos debe ser un elemento a considerar, particularmente porque en abril de 2020 deben renovarse 4 integrantes del máximo órgano de dirección del INE.
De hecho, durante los primeros meses del año la Cámara de Diputados deberá emitir la convocatoria, la cual debe ser acorde a las reglas establecidas el artículo 41 de la Constitución. La atención debemos centrarla en la integración del comité técnico de evaluación, que es un órgano integrado por 7 personas de reconocido prestigio (3 nombradas por la Cámara de Diputados, 2 por el INAI y 2 por la CNDH) y está encargado de proponer las quintetas al órgano de dirección política de la citada Cámara. En otras palabras, la preselección de buenos perfiles para la renovación del Consejo General del INE depende en gran medida de la integración y actuaciones del señalado comité.
Las designaciones siempre son un buen parámetro para presumir la forma en que actuarán las instituciones. En materia electoral, la imparcialidad e independencia deben ser calidades necesarias de quienes integren el Consejo General. De hecho, quienes sean designados deberán mostrar enseguida ese talante, pues los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo están en curso y en septiembre de 2020 iniciarán las actividades de organización y arbitraje del proceso electoral más grande de nuestra historia. En 2021 se elegirán 15 gubernaturas, 30 congresos estatales y se renovarán ayuntamientos de 30 entidades. Además, se renovará la Cámara de Diputados.
El próximo año es fundamental para la consolidación de la democracia del país. Que el INE sea autónomo y garantice imparcialidad en la toma de decisiones es benéfico para las y los mexicanos. Si queremos que en este país verdaderamente contemos todas y todos, debemos apostar por el fortalecimiento de las instituciones. Sin lugar a dudas, el INE no es ni debe ser la excepción.
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