Por Estefanía López Mendoza
El combate al robo y a la venta ilícita de hidrocarburos -o combate al huachicol- es uno de los objetivos prioritarios de la actual administración, tal como quedó plasmado en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En dicha estrategia se plantea que, dadas las pérdidas económicas de esta actividad, estimadas en 60 mil millones de pesos anuales, es necesario implementar medidas de seguridad para evitar pérdidas económicas, poner en riesgo a la ciudadanía, y disminuir la corrupción de funcionarios públicos.
Como indicadores de un buen resultado en cuanto al combate de hidrocarburos, la actual administración propuso utilizar como medida de evaluación la capacidad de respuesta institucional, el número de investigaciones iniciadas, el número de personas detenidas y procesadas, el número de órdenes de aprehensión, bienes asegurados y el monto de los mismos, además del número de sentencias condenatorias por este delito. En otras palabras, el combate al robo de combustible se mide a través de los números recabados por distintos censos y compilados estadísticos tales como el Reporte diario del desvío de hidrocarburos reportados por Petróleos Mexicanos, o los datos mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En teoría, estos datos mostrarían que se está combatiendo “de forma efectiva” el robo de hidrocarburos; por ejemplo, de acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad, el promedio de 56 mil millones de barriles desviados por día en 2018 disminuyó a un promedio diario de 5.5 millones a inicios de 2023. Sin embargo, cabe recalcar que estas disminuciones no explican las acciones relevantes o la definición operativa sobre cómo se está enfrentando este problema.
Por su parte, las conferencias de prensa matutinas también han sido un espacio en el que se comparten los resultados de la estrategia de combate al huachicol. Sin embargo, como parte del ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que se realiza desde Causa en Común -a través del estudio titulado Análisis de las conferencias de prensa matutinas: no hay no quieren o no entienden-, se ha detectado una serie de irregularidades en cuanto a los números que se dictan en estas conferencias por parte de las autoridades en materia de seguridad, y en específico en cuanto al combate al huachicol.
Por ejemplo, en la conferencia del 4 de octubre de 2021, el secretario de la defensa mencionó que del 19 agosto de 2019 al 4 de octubre de 2021 habían sido detectadas 3,702 tomas clandestinas de combustible en el estado de Puebla. Vía transparencia, se preguntó a la SEDENA cuántas tomas se habían identificado en este periodo de tiempo, a lo que dicha dependencia respondió que se tenían identificadas 479 tomas; es decir, las cifras mantenían una diferencia de 3,222 tomas clandestinas. Por su parte, en la conferencia del 22 de abril de 2022, se señaló que de diciembre de 2018 a abril de 2022 se habían detectado 1,937 tomas clandestinas en el estado de Veracruz. Se le preguntó a la SEDENA y a la SSPC sobre el número de tomas clandestinas detectadas en dicho periodo de tiempo en el estado, a lo que estas respondieron haber detectado 433 y 57 tomas respectivamente.
Estos ejemplos dan pie a pensar que existe un problema en la calidad de las estadísticas y el acceso a la información pública en materia de robo de hidrocarburos. Si bien es de celebrar que en la actual administración el robo de combustibles se haya catalogado como un problema prioritario, es importante cuestionarse la efectividad, la calidad y la certeza de estos números, dado que en los resultados celebrados en el Informe de Seguridad de 2023 se anunció haber reducido este delito en un 92.2%.
