Sin restarle importancia a la pandemia que enfrentamos, nuestro principal reto es la seguridad pública y su traducción en paz y tranquilidad para todos; las evidencias que tenemos en las últimas semanas nos confirman que el crimen hará lo que sea necesario para defender su negocio, no importa si existe o no una emergencia sanitaria.
De acuerdo con los números oficiales disponibles, la aparición de coronavirus detuvo temporalmente algunos delitos y dejo sin cambio otros, entre ellos los homicidios dolosos, que reflejan un enfrentamiento abierto entre grupos delincuenciales que han visto afectadas sus actividades y sus ingresos, por una actuación oficial que no habíamos visto hasta el momento.
Tratado de no politizar las acciones de las unidades encargadas del combate al crimen organizado, que es todo, la realidad es que ha habido un énfasis en el bloqueo de cuentas bancarias y fuentes de financiamiento que son el pilar económico de cualquier grupo delictivo. Estas acciones han provocado, como era de esperarse, una reacción violenta de las bandas y los cárteles, para dejar claro que controlan territorios y además están dispuestos a una extrema violencia para defenderlos.
Las últimas masacres en Oaxaca, Chihuahua y Sonora, explican los ajustes de cuenta cometidos por una delincuencia que empieza a ver acotado su margen maniobra en regiones del país en donde contaban con una estructura financiera y operativa que era tolerada por diferentes niveles de autoridad.
Porque no es posible explicar una operación a esa escala sin la complicidad oficial, una que ha permitido el crecimiento de organizaciones que reclaman una falsa autoridad frente al Estado y que consideran que ya ganaron un apoyo popular que, poco a poco, se va desvaneciendo.
Es difícil que comunidades que han sido obligadas a cambiar sus costumbres y a perder su tranquilidad a favor del crecimiento del crimen, sigan fieles a las organizaciones que auténticamente los han esclavizado a cambio de mantener una paz artificial que puede romperse en cualquier momento.
Con esto afirmo que la estrategia del gobierno de la República ha tenido un éxito parcial en la inyección de recursos a las familias que podrían nutrir al crimen de jóvenes para sus actividades más esenciales (como el “halconeo”) y que ahora optarían por ir a la escuela o encontrar un empleo de menor riesgo. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia podrían derivar en una mejor oferta de la delincuencia organizada y un agresivo reclutamiento de mujeres y hombres que estarían sin oportunidades inmediatas para proveer a sus familias.
Ahí es donde las y los ciudadanos podemos intervenir y apoyar a muchas pequeñas y medinas empresas para que ofrezcan puestos de trabajo emergentes que compitan con las opciones que ofrece el crimen organizado.
En momentos de crisis, es fundamental que la sociedad respalde las actividades lícitas y condene, además de denunciar, a aquellas que se fondean de recursos de dudosa procedencia. Hemos dejado por muchas décadas que le crimen se ensamble con las instituciones legales, por lo que separarlas ahora representa un reto mayúsculo que no se puede completar sin la colaboración de la gente.
La colaboración social es la piedra de toque que puede acelerar la estrategia del gobierno en turno para cerrarle las fuentes de financiamiento y de lavado de dinero a las organizaciones delictivas que hoy ven amenazadas sus ganancias, debido a una política distinta de aquellas esferas que solían establecer lazos de complicidad y corrupción con ellos.
Lo anterior ni quiere decir que estaremos a salvo de un repunte en la inseguridad o de un saneamiento de malas prácticas que solapan la actuación del crimen, sin embargo, estaremos al inicio de una nueva relación entre la autoridad y las y los ciudadanos con un objetivo concreto y en común: reducir el margen de maniobra de la delincuencia.
Experto en temas de seguridad pública
