Profunda polémica desató la declaración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que México se encuentra en bancarrota. Defensores y detractores de su postura salieron a la palestra para argumentar en favor o en contra de dicha aseveración.
Se habló de crecimiento, tasas de interés, tipo de cambio, inversión extranjera directa, exportaciones, estabilidad macroeconómica, ente otras variables. De igual forma se citó a la pobreza como muestra de la marginación en la que viven millones de mexicanos. Apoyados por las cifras, diversos analistas dieron su punto de vista sobre si México se encuentra en bancarrota. ¿Quién tiene la razón?
En el fondo, la primera pregunta debería ser ¿por qué el presidente electo hizo tal aseveración? Además ¿por qué afirmó que la responsabilidad de un posible mal funcionamiento de la economía recaería en el Banco de México?
Una posible respuesta a dichos cuestionamientos es una temprana divergencia entre el banco central y la visión de política económica de la próxima administración. Dado que el Banxico se encarga de la política monetaria, existe la probabilidad de una diferencia de opiniones por el manejo de las tasas de interés y lo que ello implica para la economía nacional: su actual nivel representa un problema para un país que se encuentra en desaceleración. Es altamente probable que López Obrador reciba una economía con un crecimiento inferior al 1.8% en 2018.
De existir la divergencia citada, la afirmación de la bancarrota no sería del todo precisa, en realidad estaría relacionada a un posible escenario que enfrentará la economía en 2019, bajo crecimiento, inferior al promedio de los últimos años. No obstante, un incremento modesto del PIB no es sinónimo de bancarrota.
Distinto habría sido si el presidente electo, o su equipo económico, se hubieran referido a lo conocido como viabilidad (sostenibilidad) fiscal. En ese caso las cosas son distintas. La viabilidad fiscal se refiere a la capacidad que tiene un gobierno para hacer frente a su gasto, deuda y pago de intereses con el ingreso que cuenta. En pocas palabras si sus recursos son suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros.
Cuando se contemplan los denominados pasivos contingentes (principalmente pensiones), lo que se ha demostrado desde hace 20 años es que las finanzas públicas carecen de sostenibilidad fiscal: los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones.
Al inicio del sexenio de Vicente Fox se presentaron estudios en ese sentido, en donde quedó en claro que para el 2020 las finanzas públicas enfrentarían problemas para cumplir con sus diversos compromisos. Recientemente otros análisis han refrendado la precariedad fiscal.
En este sentido, pareciere claro que, si bien es complicado hablar de una bancarrota, lo que si se puede afirmar es que el gobierno deberá encontrar nuevas fuentes de ingreso y reordenar su gasto público si desea superar un problema que no fue solventado por las últimas tres administraciones. La herencia es una losa muy pesada, insolvencia fiscal.
La fórmula positiva para resolverlo requiere mayor crecimiento económico, es la única no implica aumento de impuestos, cambios a la legislación laboral (aumento en la edad de jubilación) o recorte al gasto. El desafío representa las letras pequeñas del manejo de la economía para la próxima administración.
