La consolidación de la democracia en México no puede entenderse sin la participación efectiva de las mujeres y de indígenas. Su incorporación a los espacios de representación política ha sido muy lenta y muchas veces obstaculizada por patrones culturales aceptados como normales, pero que entrañan un alto grado de discriminación y violencia.
No por algo los niveles de representación política de las mujeres y de indígenas no corresponden al porcentaje de población que existe en el país, esto es, 51% y 21% respectivamente. De ahí la importancia que tiene el papel de las autoridades electorales en reconocer la causas y de aportar soluciones a los problemas históricos de desigualdad en el ejercicio de sus derechos políticos.
Tratándose de mujeres, nadie olvida los casos de las “Juanitas” y el de los registros de ellas en los últimos lugares de las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional (RP). Dichos asuntos hacen evidente la complejidad de la participación política de las mujeres, pues en el primer caso, una vez ganado el cargo en el Congreso eran forzadas a renunciar para que los hombres suplentes lo desempeñaran y, en el segundo, el efecto era impedir que integraran el órgano legislativo.
Actualmente los partidos políticos están obligados a postular el 50% de mujeres para el Congreso. Para evitar lo ocurrido en procesos electorales previos, la ley obliga que las candidaturas federales registradas a través de fórmulas se integren por personas del mismo sexo (propietaria y suplente) y las listas de RP deben integrarse por distintos géneros de manera alternada. Además, las mujeres no pueden ser postuladas en distritos perdedores.
El objetivo que persiguen dichas medidas legales es claro: el derecho a ser votadas no se agota con la mera participación, sino con la posibilidad real de que las mujeres integren de manera igualitaria los poderes públicos. Hoy, las medidas son insuficientes pues actualmente tenemos 42.6% de diputadas y 32.8% de senadoras.
Sobre indígenas, los avances en materia de participación política han sido más lentos y con mayores obstáculos. Los contextos de pobreza, desigualdad y discriminación son elementos que impiden su incorporación a órganos de representación popular, además que no existe alguna disposición legal que obligue a los partidos políticos a postular un determinado número de indígenas, ni mucho menos hay alguna acción afirmativa que modifique dicha situación.
Para garantizar la integración de mujeres en el Congreso, el INE acaba de aprobar un acuerdo en el que se instruye a los partidos políticos lo siguiente: a) la lista que registren de RP al Senado debe estar encabezada por una fórmula integrada por mujeres, b) por lo menos 2 de las 5 listas de RP que corresponden a las circunscripciones de las diputaciones plurinominales, también deben iniciar con mujeres y c) tratándose de candidaturas por mayoría relativa al Senado, la primera fórmula que postulen para cada entidad deberáser de un género distinto a la segunda.
Asimismo, los partidos deberán registrar candidaturas indígenas en 12 de los 28 distritos que el INE ha reconocido con mayor población de pueblos originarios (6 mujeres y 6 hombres). En otras palabras, no más ausencia de participación de indígenas en las elecciones.
El objetivo es lograr una verdadera representación política igualitaria entre mujeres y hombres, así como cambiar de manera paulatina el rezago que existe en la participación política indígena. Dichas medidas no deben quedar ahí sino tener una mayor trascendencia como puede ser una reforma legal. Mientras tanto eso ocurre, puede que no guste el acuerdo del INE a los partidos y es probable que sea impugnado anteeltribunalelectoral, pero garantizar la igualdad efectiva en el ejercicio de un derecho no es un tema de sensibilidad política ni de voluntades, sino una obligación de las autoridades.
Asesor del Consejero Presidente del INE
@ebuendiaz
