La renovación periódica de consejeros electorales en el INE, siendo un mandato constitucional, es también una oportunidad para renovar enfoques y para incorporar nuevas visiones, argumentos y formas de atender los procesos eleccionarios con visión ciudadana, pluralidad y respeto a la diversidad.
Desde su origen, el IFE-INE ha sido un espacio privilegiado para integrar y desahogar una parte de la agenda político electoral y para construir y recrear a la democracia mexicana; es hoy la institución más visible, central, vigilada y auditada de nuestro país.
Por ello, es loable que el resultado del proceso de designación convocado por la Cámara de Diputados con la participación destacada de seis miembros del Comité Técnico haya permitido la designación por amplio consenso de dos nuevas y dos nuevos consejeros electorales que se suman a una institución referente en el ámbito nacional e internacional. Bien por esa decisión y un voto de confianza a los cuatro que deberá ser ratificado en los hechos, así lo dicen sus cartas credenciales y la expresión de su compromiso inicial para garantizar la autonomía del Instituto y su conducción imparcial.
Los nuevos consejeros abordaron una nave que avanza vertiginosamente rumbo a las elecciones de 2021. Varios hemos coincidido en identificar temas centrales de una agenda que luce voluminosa y que exige atención inmediata, entre otros: encontrar mecanismos que permitan dar continuidad a los procesos comiciales en época de pandemia; conclusión de los procesos locales de Coahuila e Hidalgo; actualización del padrón electoral; planeación con los oples de las elecciones próximas y designación de la tercera parte de consejeros locales; emisión de reglas que atiendan reelección con observancia estricta de paridad de género; e integración de un presupuesto austero que garantice condiciones operativas del Instituto.
Igual deberán tomar decisiones sobre otros temas relevantes para ofrecer garantías de equidad en la contienda, me refiero a la emisión de reglas o medidas sobre la no intervención indebida de los servidores públicos en la contienda y, por ende, sobre el uso imparcial de recursos públicos que obliga a los funcionarios de todos los niveles, a no presentarse ante los beneficiarios de programas sociales como si fueran los benefactores que obsequian apoyos económicos propios cuando en realidad provienen de recursos públicos. Ahí está el caso reciente de Pablo Amilcar Sandoval en el Estado de Guerrero o la entrega de diversos apoyos para atender la emergencia sanitaria realizada por actores políticos de diversos partidos, sobre los que el INE emitió medidas cautelares recientes.
Recordemos que desde la reforma electoral de 2007 se establecieron prohibiciones constitucionales para que los programas sociales no se usen para la promoción personal de servidores públicos. La observación de estas normas no es indebida en sí misma, al contrario, es obligada en un país con tanta desigualdad. Es claro que el problema no son los programas sino la forma de entregarlos cuando se hace como acto de proselitismo de un funcionario público.
Están también los constantes señalamientos desde el poder en contra de los órganos autónomos, en especial sobre el INE, que buscan ridiculizar a las instituciones con insultos en deterioro de su imagen ante la sociedad y del rol que juegan como contrapesos al ejercicio del poder. Asumo y comparto el valor de la crítica al desempeño de las instituciones públicas siempre que no rebasen los límites constitucionales y de manera encubierta se busque intervenir en su funcionamiento. Veamos cómo se atiende esa delicada agenda. Bien por la Cámara de Diputados y el mayor de los éxitos a las y los nuevos consejeros del INE.
