@ebuendiaz
El proceso de consolidación de la democracia mexicana no se ha dirigido exclusivamente a la existencia de procesos electorales en los que la ciudadanía pueda acudir a las urnas y ejerza su voto en condiciones de libertad. También se ha orientado a garantizar que todas y todos los integrantes de la sociedad participen en la toma de decisiones.
Que nuestra institucionalidad electoral asegure condiciones de equidad de la contienda entre las personas participantes y que el voto de la ciudadanía cuente y se cuente bien, es producto de un proceso largo de luchas de millones de mexicanas y mexicanos que se han concretado en múltiples reformas constitucionales y legales. La búsqueda por asegurar una mayor inclusión social en la representación política no ha sido diferente.
Ante el constante reclamo de distintos grupos sociales respecto a la falta de participación en la toma de decisiones, así como frente a la indiferencia y el rechazo de algunos actores políticos sobre este tema, las autoridades electorales han ido cimentando a golpe de decisiones administrativas o resoluciones jurisdiccionales el acceso a espacios de toma de decisión de personas pertenecientes a distintas colectividades.
El mejor caso de éxito es la representación política de las mujeres, las cuales son más de la mitad de la población. Después de diversas medidas administrativas y jurisdiccionales en las que se obligó a los partidos políticos a garantizar espacios en sus candidaturas, en 2014 se aprobó en la Constitución la obligación de postular 50% de mujeres en las candidaturas a los Congresos. Hoy podemos afirmar que con un marco normativo importante y con los esfuerzos de las autoridades electorales, contamos con una Cámara de Diputados integrada de manera paritaria.
Pese a que existe la necesidad de que los órganos colegiados de representación popular reflejen de mejor manera la composición diversa y pluricultural de nuestra nación, pocas son las reformas de carácter legislativo y aún menos a nivel federal relacionadas con participación política de otros grupos de nuestra sociedad (indígenas, comunidad LGBTTTI+, afrodescendientes, etc). De ahí la importancia de la conducta proactiva de las autoridades electorales.
En ese sentido, como ha ocurrido en los últimos procesos electorales federales, el INE volvió a aprobar un acuerdo en el que se obliga a los partidos políticos y a las coaliciones a postular al cargo de diputaciones federales y senadurías a personas que forman parte de pueblos o comunidades indígenas, que sean afromexicanas, que cuenten con una discapacidad, que formen parte de la diversidad sexual (LGBTTTI+). Hoy el INE adiciona una acción afirmativa e incorpora la obligación de postular a personas que estén en situación de pobreza.
En el caso de diputaciones, los partidos políticos o coaliciones deberán postular por lo menos treinta fórmulas integradas por personas que se autoadscriban como indígenas. Dieciocho por mayoría relativa y doce por representación proporcional.
En veinte fórmulas, los partidos políticos deberán postular personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, mexicanas residentes en el extranjero y en situación de pobreza. Doce por el principio de mayoría relativa y ocho por el principio de representación proporcional.
Tratándose de senadurías, los partidos políticos o coaliciones deberán postular nueve fórmulas en cualquiera de los dos principios conforme a lo siguiente: cinco de personas de pueblos y comunidades indígenas, una de personas afromexicanas, una de personas con discapacidad y una de personas de la diversidad sexual. Solamente en el caso de la lista de representación proporcional, deberá postularse una fórmula de personas mexicanas residentes en el extranjero. Llama la atención que el INE no consideró para el Senado la postulación de personas en situación de pobreza.
Por otra parte, habrá que estar atentos a los mecanismos que implemente el INE frente a los posibles engaños por parte de los actores políticos. No olvidemos que hay casos donde se han denunciado fraudes en la acreditación de la adscripción a dichos grupos sociales. La responsabilidad de los partidos políticos y/o candidaturas es necesaria para que las medidas adoptadas por el INE lleguen a buen puerto. Si el objetivo es asegurar que personas pertenecientes a grupos sociales prioritarios tengan espacios de representación para participar en la toma de decisiones, cualquier conducta que busque vulnerar ese objetivo debe ser reprochada y evidenciada.
Es indudable que el acuerdo emitido por la autoridad electoral no resuelve los problemas de representación política. De hecho, las medidas aprobadas deben ser vistas como un piso mínimo para seguir en la construcción de un Estado incluyente. En otras palabras, son un escalón en el inacabado proceso de consolidación de nuestra democracia.
*Maestro en democracia y derechos humanos.
