Con estas letras hago un reconocimiento a las madres, hermanas, hijas, padres, hermanos, hijos, quienes han batallado tantos años para que su exigencia de búsqueda de sus seres queridos fuera escuchada y hoy lograron uno de los objetivos por los que han luchado: la Ley para la búsqueda, investigación y sanción de la desaparición forzada y la cometida por particulares.
La desaparición de personas de manera dolosa en México es un problema grave; no estamos ni estuvimos en dictaduras como en Chile, Argentina o Brasil; no sufrimos una guerra como la que emprendió Hitler y el nazismo para desaparecer a todas las personas de origen judío o contrarias a su régimen; pero padecemos una guerra contra las drogas y sus daños colaterales, iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.
Es verdad que arrastramos una historia negra de opositores políticos desaparecidos,que queda constatada para vergüenza del país en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México por el caso Radilla Pacheco, la que invocamos constantemente para que las Fuerzas Armadas no realicen tareas de seguridad pública como establece el Artículo 21 constitucional.
Las 27 mil personas desaparecidas que dejó el régimen de Felipe Calderón o las 32 mil que se reconocen hasta hoy reflejan una grave crisis de violación a los derechos humanos.
Las historias de las familias buscando a sus seres queridos son terribles, y lo son aún más por la impotencia y el enojo provocados por el desprecio de las autoridades.
El reclamo para encontrar a sus seres queridos, en su mayoría de madres, me impactó desde el primer día que les recibí en el Senado; para siempre perdurará en mi la imagen de cada una de ellas relatando sus historias, sabían cuándo, cómo y dónde habían desaparecido sus hijos, hijas o esposos.
Una ley federal contra la desaparición presentada en 2014 no era la respuesta, exigían una ley nacional; por ello reformamos la Constitución para mandatar el diseño y aprobación de una Ley General. Varias iniciativas presentamos, incluida la del Ejecutivo y las de las familias. Instalamos una mesa de discusión con representantes de las familias desde 2016, integradas la Segob y PGR; durante un año revisamos artículo por artículo con el equipo técnico de las comisiones de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos. Poco a poco fuimos acercando posiciones para lograr la Ley; los tipos penales; la búsqueda e investigación, separadas y especializadas; y las familias participando para garantizar idoneidad de quienes estarán en estas funciones.
La Ley es buena, pero requerimos recursos etiquetados para el funcionamientode la Comisión Nacional de Búsqueda, el Banco Nacional de Datos Forenses, la Policía de Investigación y para clasificar restos de fosas clandestinas y fosas comunes; además, es indispensable reconocer la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de la Convención para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Agradezco el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DerechosHumanos en México y de la expertisde Ariel Dulitzky en su calidad de relator en esta materia. Muchas personas e instituciones estuvieron al pendiente, entre ellas, Santiago Corcuera, la Cruz Roja y el GIEI. Esta Ley es de las familias, nosotros simplemente cumplimos con nuestro deber.
Senadora por el PRD
@angelicadelap
