Una democracia no se limita a la práctica electoral recurrente. Si bien la garantía y el respeto de la soberanía del pueblo es fundamental, la expresión del voto debe hacerse con información, libertad y secrecía, fuera de cualquier mecanismo de coacción o de vinculación clientelar. Sin embargo, casi todos los partidos le han apostado al canje de voto por alguna dádiva o por la recepción de algún programa social. Luchar contra ello, en un país donde el 44% de la población vive en situación de pobreza no es tarea fácil. Cada ciudadana y cada ciudadano tiene la responsabilidad de ir entendiendo y deconstruyendo esta visión democrática heredada del partido hegemónico. Por eso en cada ocasión festiva, las y los legisladores, de manera equivocada (no es su función) distribuyen regalos, entregan juguetes o unas que otras despensas con productos básicos (para no decir nocivos para la salud y para el medio ambiente) con dinero público.
Por encerrarse en esta visión electoral cortoplacista se abandona la importancia de otros pilares determinantes para la democracia y el desarrollo de México, y que fueron ignorados o atacados por la administración federal actual bajo dos conceptos marcos de la acción pública de hoy: controlar o destruir. Es así que asistimos a la cooptación de la representación popular en la Cámara de Diputados con un órgano que en vez de representar a la ciudadanía y fungir como contrapeso al poder ejecutivo se ha convertido no solo en oficialía de partes de la Presidencia de la República, sino que ha querido ocupar la primera posición en la carrera de la mejor pleitesía al líder supremo a costa de nuestra democracia. Así fue el caso de la demanda penal inédita (ya retirada) contra algunas personas consejeras del Instituto Nacional Electoral que por cierto recoge la visión que esta mayoría tiene de la justicia. Pero en una democracia consolidada se hace justicia, no se administra de manera personalizada.
El balance democrático también se ejerce mediante el funcionamiento de instituciones públicas basadas en la profesionalización de funcionarias y funcionarios que a partir de evidencias científicas fortalecen la acción del Estado frente a distintas problemáticas estructurales de nuestra sociedad (independientemente del partido en el poder). Desde un enfoque neoliberal, hemos asistido al desmantelamiento del Estado con la desaparición o debilitamiento de al menos 20 entes públicos como recientemente con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Este último golpe viene rematar la fobia personalista del presidente contra otro sector esencial de la democracia: la sociedad civil y el activismo tachados peligrosamente de “farsantes” o “corruptos” sin pruebas ni justicia desde la máxima tribuna mañanera.
Un proyecto democrático es incluyente y busca garantizar el Estado de Derecho (por cierto, en retroceso en México de acuerdo con todos los principales indicadores de medición en materia de corrupción, justicia y acceso a derechos). Un proyecto de democracia social pone a las personas al centro y las causas al frente. En democracia todas y todos somos corresponsables. En este 2022 toca reflexionar y actuar con visión de largo plazo para el país que queremos.
