En la Ciudad de México existirían 5.3m2 de áreas verdes por habitante (SEDEMA) con una distribución extremadamente desigual. La gran mayoría de las áreas verdes se encuentran en la zona céntrica o de mayor ingreso socioeconómico. Más de la mitad de las demarcaciones territoriales de la Capital no respetan la recomendación internacional en materia de salud pública y de bienestar social (entre 10 y 15m2 de áreas verdes por hab.). En la Miguel Hidalgo la población tiene acceso a más de 35.2 m2 de áreas verdes por habitante, en la Gustavo A. Madero 5 m2 y 3.1m2 en Iztapalapa.
Recogiendo los compromisos y estándares internacionales, la Constitución de la Ciudad cuenta entre sus artículos más vanguardistas con el Derecho a la Vía Pública y al Espacio Público basados en el Derecho colectivo a la Ciudad para espacios públicos con justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.
Hace un par de semanas la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda instaló el Consejo Asesor en materia de Espacio Público de la Ciudad de México. Honorífico y compuesto por personas del ámbito del urbanismo, movilidad, medioambiente, participación social o de la arquitectura, tiene por objetivo analizar y proponer políticas y acciones públicas para la creación, apropiación, imagen y mantenimiento del espacio público
Se han presentado iniciativas para una Ley del Espacio Público desde un enfoque transversal, incluyente y con perspectiva de género. Esta Ley deberá articularse con otros derechos e integrar a todas las personas que ocupan el espacio público con justicia ambiental. Deberá sintonizarse por ejemplo con el derecho de la Madre Tierra y con el comercio popular, a la fecha ignorados y vulnerados. La Ley deberá atender con urgencia la problemática del mantenimiento del espacio público. Las Alcaldías deben tener la obligación de diagnosticar, documentar, cuidar y sanar a nuestros árboles. En Alcaldías como la Cuauhtémoc se vive una grave pandemia que compromete la vida de hasta el 90 % de los árboles en algunas colonias en la indiferencia total. La Ley tiene la oportunidad y la obligación moral, social y ambiental de contemplar el enfoque regenerativo y resiliente del espacio público. Es decir, poner al espacio público al centro de la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestros ecosistemas; de nuestra biodiversidad urbana; de nuestra sobrevivencia como especie.
Si bien la diputada Gabriela Salido, Presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público del Congreso de la Ciudad de México emprendió varios foros, aún falta publicar todas las versiones estenográficas y resultados, integrar a todos los grupos sociales que lo componen y reforzar el enfoque de incidencia vecinal toda la Ciudad sin discriminación territorial.
A este esfuerzo aún no se ha invitado formalmente al Consejo Asesor en materia de Espacio Público que podría enriquecer el texto. Para cumplir cabalmente con los principios del Parlamento Abierto el predictamen debería ser público, con consulta y participación abierta documentando la incidencia de las y los habitantes (al menos de que se trate solamente de un ejercicio “participativo”).
