Por: Teresa García
Los programas sectoriales, publicados por el gobierno federal, cobran su relevancia a partir de la definición de los objetivos y metas específicas que darán cumplimiento a la estrategia en un ámbito concreto, así como por la exposición de los procesos y contenidos que ayudarán a cumplir dichas metas. Por ejemplo, mientras que el Programa Nacional de Desarrollo proporciona una visión de país, cada programa sectorial ofrece la “hoja de ruta” para convertir esta visión en una realidad.
El pasado 2 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024”. Éste se divide en cinco objetivos prioritarios: 1) Mejorar las condiciones de seguridad en las regiones del territorio nacional para construir la paz; 2) Contribuir al fortalecimiento del diseño e implementación de políticas públicas en materia de prevención de la violencia y el delito; 3) Impulsar la reinserción social de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios; 4) Fortalecer las capacidades tecnológicas que permitan a las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno el intercambio seguro de la información en la generación de inteligencia, prevención y persecución del delito; y 5) Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente.
Entre las acciones y estrategias para cumplir con estos objetivos, se menciona, por ejemplo, el fortalecimiento de las policías municipales y estatales mediante la implementación del Nuevo Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. No obstante, este mecanismo no ha tenido, en los últimos dos años, ningún respaldo presupuestal relevante y, por supuesto, las corporaciones policiales apenas sobreviven en las condiciones actuales.
Otro punto propuesto es el fortalecimiento de los mecanismos de control interno para combatir la corrupción ya que, de acuerdo al documento, esta es la razón primaria del crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestar e incluso de contener el delito tal como se señala en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, este punto también se encuentra ligado al fortalecimiento de las corporaciones locales, así como a la mejora de los recursos, capacitación, servicios y contratación de recursos humanos, para lo que no se plantea, en ningún momento, cómo se cumplirá con este objetivo.
Entre otras cosas, se señalan como estrategias, la participación ciudadana en la formulación de propuestas con la finalidad de recuperar la paz; la coordinación entre instancias y órdenes de gobierno en materia penitenciaria; el monitoreo de puntos estratégicos de incidencia delictiva, así como la georreferencia de los diferentes tipos de delitos; y, lo más sorprendente, la reducción de la incidencia delictiva en un 50%, una vez que se haya terminado de implementar el Programa Sectorial en 2024. Como si la mención de estas proyecciones idealizadas diera paso a la obtención de resultados en el corto plazo.
No cabe duda que el Programa Sectorial de Seguridad carece de cualquier rigor conceptual o programático, e insiste en un lenguaje propio de la retórica política. Se trata, a todas luces, de metas irreales e irresponsables, pero naturales en un documento que no se aparta, en ningún momento, de su intención propagandística.
Las deficiencias y omisiones de las que adolece el Programa son graves porque, lo que constituye una obligación de ley para explicarle al país los qué, los cómo y los cuándo de la estrategia gubernamental, se degrada al nivel de un panfleto publicitario. En resumen, si se va a juzgar, a partir de este documento, si existe comprensión y competencia para enfrentar la crisis de violencia y criminalidad, queda acreditado, en sus propias palabras, que el Gobierno Federal, simplemente, no sabe qué hacer.
@causaencomun
