/ jueves 28 de noviembre de 2019

Trump trata a las empresas estadounidenses como a Ucrania

La historia que ha surgido de las audiencias de impugnación habla de extorsión y soborno. Donald Trump retuvo ayuda crucial —ayuda que Ucrania necesitaba para defenderse de la agresión rusa— y se negó entregarla salvo que Ucrania dijera públicamente que estaba investigando a uno de sus rivales políticos. Hasta los republicanos lo entienden, sólo que consideran que está bien.

No es necesario que esos escándalos se relacionen con gobiernos extranjeros. No he visto que se señale que Trump, tras bambalinas, está usando el mismo tipo de estrategia de extorsión y soborno que usó con Ucrania con las corporaciones estadounidenses. A muchas empresas se les está amenazando con políticas que dañarían su desempeño; en especial, pero no únicamente, con los aranceles sobre los productos importados que son fundamentales para sus operaciones. Sin embargo, también se les está ofreciendo la posibilidad de estar exentos de estas políticas.

Y el quid pro quo implícito para dichas exenciones es que las corporaciones apoyen a Donald Trump, o al menos se abstengan de criticar sus acciones. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió la semana pasada, cuando Trump hizo un recorrido por la planta de manufactura de Apple junto con Tim Cook, el director ejecutivo de Apple. Trump aprovechó para pronunciar un discurso político y atacó los procedimientos de impugnación, además de afirmar falsamente que Nancy Pelosi había “cerrado el Congreso”. También afirmó que la planta, que opera desde 2013, acababa de abrir.

Y Cook, lejos de corregir esas falsedades, manifestó su apoyo, declarando que Estados Unidos tiene “la economía más fuerte del mundo”. El incentivo de Cook para seguirle la corriente era evidente. Apple fabrica muchos de sus productos en China, así que está buscando exenciones de los aranceles que Trump le impuso a esa nación. Y existen todos los motivos para creer que la asignación de dichas exenciones está motivada por fines políticos y no de interés nacional.

En 2018 una empresa de Oleg Deripaska —un oligarca cercano a Vladimir Putin, quien se supone que debe estar sujeto a sanciones estadounidenses por actividades que incluyen la interferencia en elecciones extranjeras— recibió una exención de los aranceles al aluminio. La medida no se retiró sino hasta que los demócratas en el Congreso se dieron cuenta de su existencia, y el Departamento de Comercio afirmó que se había otorgado como resultado de un “error administrativo”… Ajá.

Por cierto, si se están preguntando por qué el gobierno de Trump tiene el poder de ejercer el favoritismo, se debe a que las leyes que regulan el comercio en Estados Unidos le otorgan al presidente una gran discrecionalidad en el establecimiento de aranceles. El objetivo de esa discrecionalidad era disminuir el poder de los intereses especiales en el Congreso, con base en la suposición de que el presidente serviría mejor a los intereses nacionales. Pero luego llegó Trump.

El problema con el reparto selectivo del castigo que aplica Trump no es el daño que inflige a las corporaciones, sino los incentivos que crea para el servilismo político. Los electores y la democracia de EU, no Apple ni Amazon —que, casualmente, son ejemplos infames de evasión fiscal—, son las víctimas que nos importan.

La historia que ha surgido de las audiencias de impugnación habla de extorsión y soborno. Donald Trump retuvo ayuda crucial —ayuda que Ucrania necesitaba para defenderse de la agresión rusa— y se negó entregarla salvo que Ucrania dijera públicamente que estaba investigando a uno de sus rivales políticos. Hasta los republicanos lo entienden, sólo que consideran que está bien.

No es necesario que esos escándalos se relacionen con gobiernos extranjeros. No he visto que se señale que Trump, tras bambalinas, está usando el mismo tipo de estrategia de extorsión y soborno que usó con Ucrania con las corporaciones estadounidenses. A muchas empresas se les está amenazando con políticas que dañarían su desempeño; en especial, pero no únicamente, con los aranceles sobre los productos importados que son fundamentales para sus operaciones. Sin embargo, también se les está ofreciendo la posibilidad de estar exentos de estas políticas.

Y el quid pro quo implícito para dichas exenciones es que las corporaciones apoyen a Donald Trump, o al menos se abstengan de criticar sus acciones. Piensen, por ejemplo, en lo que sucedió la semana pasada, cuando Trump hizo un recorrido por la planta de manufactura de Apple junto con Tim Cook, el director ejecutivo de Apple. Trump aprovechó para pronunciar un discurso político y atacó los procedimientos de impugnación, además de afirmar falsamente que Nancy Pelosi había “cerrado el Congreso”. También afirmó que la planta, que opera desde 2013, acababa de abrir.

Y Cook, lejos de corregir esas falsedades, manifestó su apoyo, declarando que Estados Unidos tiene “la economía más fuerte del mundo”. El incentivo de Cook para seguirle la corriente era evidente. Apple fabrica muchos de sus productos en China, así que está buscando exenciones de los aranceles que Trump le impuso a esa nación. Y existen todos los motivos para creer que la asignación de dichas exenciones está motivada por fines políticos y no de interés nacional.

En 2018 una empresa de Oleg Deripaska —un oligarca cercano a Vladimir Putin, quien se supone que debe estar sujeto a sanciones estadounidenses por actividades que incluyen la interferencia en elecciones extranjeras— recibió una exención de los aranceles al aluminio. La medida no se retiró sino hasta que los demócratas en el Congreso se dieron cuenta de su existencia, y el Departamento de Comercio afirmó que se había otorgado como resultado de un “error administrativo”… Ajá.

Por cierto, si se están preguntando por qué el gobierno de Trump tiene el poder de ejercer el favoritismo, se debe a que las leyes que regulan el comercio en Estados Unidos le otorgan al presidente una gran discrecionalidad en el establecimiento de aranceles. El objetivo de esa discrecionalidad era disminuir el poder de los intereses especiales en el Congreso, con base en la suposición de que el presidente serviría mejor a los intereses nacionales. Pero luego llegó Trump.

El problema con el reparto selectivo del castigo que aplica Trump no es el daño que inflige a las corporaciones, sino los incentivos que crea para el servilismo político. Los electores y la democracia de EU, no Apple ni Amazon —que, casualmente, son ejemplos infames de evasión fiscal—, son las víctimas que nos importan.

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