La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE) realizada por el INEGI correspondiente al año 2021, estima que, en el tema de delincuencia, existieron 21.2 millones de víctimas, de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.
Asimismo, estima que la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.
En los últimos años uno de los instrumentos que hemos identificado se utilizan comúnmente para la comisión de delitos son las motocicletas, que han pasado de ser un medio de transporte común, a convertirse incluso motivo de miedo y desconfianza para los ciudadano promedio, que vemos como el uso de éstas para delinquir ha ido creciendo por ser fáciles de adquirir y porque permiten al delincuente huir con mayor facilidad sobre todo en ciudades como la capital donde suele haber congestionamiento de vías y transito lento. Si bien se han implementado operativos y protocolos que permiten reaccionar ante el uso de este medio de transporte como instrumentos de delito aún no tenemos acciones concretas que prevean su utilización en la comisión de ilícitos, como podría ser la obligación de portar el número de placa en el casco y en un chaleco obligatorio de portar, así como la prohibición de un pasajero que acompañe al conductor, medidas que en su momento fueron de utilidad en Colombia en los ochentas y noventas para contrarrestar los robos y ejecuciones. Aunque las medidas puedan considerarse restrictiva y se piense en los usuarios de motocicletas, la realidad es que el Estado está obligado a proporcionar seguridad, y para ello más allá de la persecución del delito debemos enfocarnos en la prevención, la cual requiere de acciones concretas que eviten a toda costa la comisión de ilícitos que lesionan la tranquilidad de las personas y ponen en riesgo la estabilidad y desarrollo del país. La delincuencia es un problema complejo, provocado por factores económicos, sociales, demográficos, incluso sicológicos y educativos, por lo que disminuirla requiere de grandes esfuerzos por parte del Estado que abarquen todos esos aspectos, pues además de prohibiciones, endurecimiento de penas, eficacia en la persecución y sanción a las actividades delictivas, se requiere educación, trabajo, oportunidades de desarrollo e incluso inculcar valores en la sociedad, lo que no es tarea fácil aunque se deben poner todos los esfuerzos en ello. El Estado está obligado a proporcionar seguridad, pues la seguridad de las personas es un derecho humano contemplado en la Declaración Universal de los derechos humanos y la Convención Americana sobre derechos humanos y en nuestro país por mandato constitucional es una función a cargo de la Federación, las entidades federativa y los Municipios, por lo que cada una de las instituciones encargadas de proporcionarla son responsables ante la ciudadanía por la percepción de inseguridad y las consecuencias económicas y sociales de la misma. La seguridad debe ser una prioridad impostergable, toda vez que los programas sociales, los apoyos económicos, las becas, incluso oportunidades de estudio o laborales son insuficientes si los ciudadanos no pueden vivir su día a día con tranquilidad, en su casa, en su trabajo o caminando por su ciudad, disfrutando sus derechos y libertades sin mayor restricción que la impuesta por la dignidad y los derechos de sus pares. Así es el Derecho
