Magistrado Élfego Bautista Pardo
- La inseguridad y sus repercusiones en la economía mexicana
La seguridad es uno de los más delicados temas en el país. Lamentablemente, día a día nos despertamos con noticias de homicidios, secuestros, violaciones, robos, hechos que a pesar de que autoridades y especialistas intentan minimizar y se consideren normales, generan en los ciudadanos la percepción de inseguridad y falta de protección, y convicción de ineficacia en la importante tarea de proporcionar seguridad.
En la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, de septiembre del año pasado, quedó evidenciado el descontento de la población con la función más básica del Estado, proporcionar seguridad para el libre desarrollo de las actividades sociales, económicas y culturales de sus ciudadanos. En efecto, 72 por ciento de los mayores de 18 años consideran que existe inseguridad en las entidades federativas donde residen, y 65.1 por ciento se sienten inseguros en sus ámbitos más próximos, como lo son su municipio, delegación o colonia.
No es solo problema de percepción, ni causado por medios informativos amarillistas; actualmente la seguridad en México es endeble, indica el reporte de delitos de alto impacto elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, cuyas cifras de incidencia delictiva en diversas regiones del país son alarmantes, ya que durante marzo pasado, tres de los delitos de alto impacto (homicidio, secuestro y extorsión) reportaron aumentos del número de carpetas de investigación y de víctimas respecto a febrero, así como si se compara con marzo de 2016 o el primer trimestre de este año con el del año pasado. En los tres primeros de este año se levantaron cinco mil 775 carpetas de investigación por homicidio doloso y 23 mil 643 por robo a negocio, y el pasado mes de marzo expone el primer lugar de víctimas de homicidio doloso (dos mil 256) y el quinto en víctimas de homicidio culposo (mil 598) desde que se tienen registros oficiales de víctimas. Todo esto sin contar la cifra negra, es decir el porcentaje de delitos que no son denunciados, el cual se estima en más de 90 por ciento, según datos del INEGI.
Además, resalta la información recién conocida relativa a que internacionalmente nuestro país es el más violento e inseguro del mundo después de Siria, pese a no tener una guerra civil o intervención.
Ahora, la percepción de inseguridad suele traducirse en reclamos ciudadanos, que recriminan al Estado por este tipo de sucesos, como pudo observarse en las manifestaciones provocadas por el hallazgo, la semana pasada en Ciudad Universitaria, del cuerpo de una mujer ahorcada con cable telefónico. Aunque a la fecha no se ha comprobado que se trate de feminicidio, gran parte de la comunidad lo ha asimilado como tal y han dirigido sus reclamos a las instituciones estatales.
Este reproche social a las instituciones encargadas de la seguridad pública, nada nuevo, parece agudizarse día a día desde la desaparición de cuarenta y tres estudiantes normalistas en septiembre de 2014 en Guerrero, y resulta reclamo legítimo, no por el concepto de que las autoridades participen en la comisión de los hechos delictivos, sino por el incumplimiento de la obligación del Estado de proporcionar seguridad pública, que es derecho humano fundamental.
Dadas las circunstancias, las autoridades parecen no hacerse cargo de que en su artículo 21, la Constitución Política establece claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención; la investigación y persecución de los delitos; además el artículo Tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, y en su artículo Séptimo la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las personas tienen derecho a la seguridad.
Es decir, tanto por mandato constitucional como por garantizar el derecho de los ciudadanos, las instituciones públicas están obligadas a garantizar seguridad, esencialmente para la subsistencia de la comunidad, pero también para la existencia mínima del Estado, pues si en el pacto social que da origen al Estado los individuos ceden parte de sus libertades, es para obtener ciertos beneficios por parte del entramado estatal, y la seguridad es el más elemental de ellos, indispensable también para el desarrollo de cada una de las actividades humanas y para las actividades del propio Estado.
Si no somos capaces de garantizar la seguridad se ponen en riesgo las actividades sociales, políticas y sobre todo económicas, se juega con la vida y el patrimonio individual de las personas, pero también peligran las inversiones privadas internas y externas que crean los empleos y hacen posible el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por todo esto, la seguridad debe ser prioridad impostergable, y aún hay mucho por hacer para garantizarla.
Así es el Derecho.
