La parálisis legislativa por la imposibilidad de sesionar de la Cámara de Diputados ha generado una crisis política generada por el inicio de la guerra por la Presidencia de la República que se librará en el 2018. Resulta lamentable que las ambiciones personales de algunos actores políticos, señaladamente el líder del PAN, se antepongan al interés superior de la República.
La falta de normalidad democrática que conlleva el funcionamiento parcial del poder legislativo impide o dificulta la realización de actos para el funcionamiento del Estado, como el correcto procesamiento de paquete económico: criterios generales de Política Económica; Ley de Ingresos 2018 y Presupuestos de Egresos de la Federación 2018.
Es cierto que amplios sectores de la sociedad reclaman un Fiscal General ajeno a los intereses partidarios, pero condicionar el funcionamiento normal del legislativo a un compromiso de evitar un nombramiento en específico, evidencia la renuncia al ejercicio de la política.
Lo anterior, resalta aún más, cuando se produce en un contexto de “declaración de guerra” al gobierno y al partido en el poder por atribuirle una filtración mediática de un súbito e inexplicable enriquecimiento familiar que debiera buscarse entre las facciones enfrentadas del panismo.
Estirar la liga y apostar a la parálisis legislativa entre más dure, mayor precio a pagar tendrá quien la impulse, es decir, Anaya que busca ser Presidente de la República al costo de lo que sea, aun de los principios doctrinales de su propio partido.
Lo paradójico del caso es que los partidos políticos que demandan la cancelación de un artículo transitorio que posibilita que quien funge como Procurador General de la República sea el nuevo Fiscal cuando esta sea instalada en su momento la aprobaron en la cámara de origen, es decir en la de diputados y el propio presidente panista la aprobó. Y más ininteligible resulta que pidan la intervención del Secretario de Gobernación para arbitrar en el conflicto. Esto es solicitan que el poder ejecutivo intervenga en la vida interna del legislativo. Ni siquiera en el peor del autoritarismo de los gobiernos priistas presenciamos estos despropósitos, lo cual es indigno de quienes se asumen demócratas.
A la hora de cierre de edición se ha hecho público que finalmente las fuerzas políticas lograron ponerse de acuerdo y se instalará la mesa directiva de los diputados, lo cual celebramos en primera instancia, solo que el episodio debe analizarse en su justa dimensión y no quedar únicamente en el anecdotario de la picaresca política nacional.
Se requiere de nuestra clase política una clara separación de la política electoral de las actividades institucionales de nuestra insipiente democracia. El interés superior de la nación debe anteponerse a las legítimas ambiciones políticas personales.
