El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe en su informe sobre “el estado de la Unión”, leyó tres párrafos dispersos relativos a la política exterior de Estados Unidos, conocidos hoy como la Doctrina Monroe, uno de cuyos principios es “no permitir la intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de los países del hemisferio americano”. En 1896 Porfirio Díaz quiso hacerle menos pesada su carga de responsabilidades continentales a Estados Unidos, y dijo que “es obligación de cada república del hemisferio auxiliar a las demás a enfrentar los ataques europeos”. Y exhortó a los jefes de estado a hacer declaraciones semejantes: “Todo ataque de cualquier potencia extraña dirigido a menoscabar territorios o independencias o cambiar las instituciones de las repúblicas americanas, será considerado por México como ofensa propia”.
El perspicaz y sabio Gastón García Cantú, revela, con documentos y estadísticas, que la “Doctrina Díaz” tuvo el propósito de ocultar que la tierra, el petróleo, las minas y el comercio ya estaban en manos de empresarios y de capitales norteamericanos. Las inversiones ascendían a mil 641 millones de dólares. En 1921 el presidente Woodrow Wilson comunicó a la cancillería mexicana su decisión de no otorgar el reconocimiento diplomático al gobierno del general Álvaro Obregón “mientras no otorgue las garantías necesarias para la seguridad de los derechos adquiridos legalmente por los ciudadanos norteamericanos en México, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1917”.
El 20 de noviembre de 1938 el presidente Cárdenas, después del desfile deportivo, describió las condiciones de vida deprimente que sufren los mexicanos que emigran a Estados Unidos propiciadas por circunstancias incontrolables mediante acciones del gobierno, pero que obligan a encontrar soluciones y a aceptar con todas sus consecuencias las que habremos de plantear a quienes se benefician de esta situación anómala. La emigración al norte la veía Cárdenas desfavorable para los trabajadores agrícolas mexicanos, “abatidos hoy por las circunstancias”.
En 1942 el presidente Roosevelt inauguró The Bracero Program. En 1943 el embajador de Estados Unidos Messersmith reconoció “el modo sincero y eficaz en que el gobierno Mexicano ha brindado su cooperación para permitir que los trabajadores de México emigren temporalmente a Estados Unidos con el objeto de coadyuvar a nuestra producción agrícola”.
En abril de 1943 se modificó el convenio de los Braceros y se incluyeron disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Pero se soslayó su constante violación: se contrataron 58 mil campesinos y se dejó la frontera “en disimulada libertad para el viaje ilegal de miles de mexicanos que abatieron los salarios y acrecentaron las ganancias de los productores agrícolas estadounidenses”. Ese convenio ocultó cuál fue la principal aportación del pueblo mexicano para que Estados Unidos fuera el reconocido vencedor en la Segunda Guerra Mundial: el servicio prestado en las fuerzas armadas por un millón quinientos mil mexicanos. Mientras hubo guerra, la policía estadounidense y la Guardia Nacional, agredían cruelmente a los jóvenes mexicanos que trabajaban en hoteles, restaurantes, cafeterías, casas, jardines y calles de los Ángeles.
La frontera porosa la fueron instaurando todos y cada uno de los presidentes estadounidenses a partir de 1908: Taft, Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Roosevelt, Truman, Einsenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama, Trump. El sol lo han llevado a Estados Unidos los trabajadores mexicanos. El torpe presidente quiere inventar un sol trepado a una barda.
