La sociedad mexicana está preocupada por los problemas económicos, de seguridad, de salud y políticos. En ese orden. La mitad considera que el gobierno federal pudo hacer algo para reducir el impacto de la actual crisis económica y 32% reconoce una afectación directa en su familia (“México: Política, sociedad y cambio. Escenarios de gobernabilidad”, GEA-ISA, diciembre 2020).
Se lamenta la desaparición de programas y políticas públicas como Prospera, Seguro Popular, estancias infantiles y fondos públicos para ciencia y tecnología.
Esta es la realidad social previa a la elección federal de 2021, pero también al comienzo de un año en que se prevé la situación económica empeore y terminen por cerrar muchas fuentes de empleo.
En ese sentido, 65% de la población prefiere que se apoye a empresas y personas en lugar de seguir con la construcción de una refinería y de un tren. ¿Qué significa esto?
Que la sociedad no está encontrando eco a sus demandas en el manejo de recursos públicos, pues lo que ella considera prioridades no son así retomadas por sus autoridades.
México está enfrentando grandes retos en todas las materias y ello exige la creación de grandes alianzas para atenderlos y resolverlos. Justamente eso es lo que plantea por lo menos 66% de las y los mexicanos, quienes estaría a favor de un pacto nacional para que nuestro país supere sus problemas y se centre en las prioridades.
Justamente a ello responde que exista un sentimiento de enojo y preocupación, pero también de esperanza.
Pareciera que a ese sentimiento es a lo que responde la alianza parcial que están celebrando el PRI, PAN y PRD, todos ellos fuerzas políticas que han demostrado su compromiso con la democracia y acatamiento del estado de derecho.
Cada uno de ellos ha encabezados sendos gobiernos federales, locales y municipales, al tiempo de participar conjunta e individualmente en reformas y nuevas leyes que han significado avances en conquistas de derechos humanos y desarrollo social.
Se trata, evidentemente, de fuerzas con distinta orientación ideológica, pero que están privilegiando principios y causas compartidas ante el agravamiento de la situación del país: potenciar el bienestar social en momentos de grave retroceso en conquistas sociales; ampliación de los servicios de salud ante la pandemia que ha calado hondo en un sistema público sin medicamentos, sin equipo y sin recursos; cobertura educativa ante la desigualdad que se ha marcado entre la población estudiantil; generación y apoyo al empleo existente en la planta productiva del país; respeto a la legalidad para fortalecer el estado de derecho; paz y diálogo en lugar de crispación y división.
Esta alianza democrática ha dicho que su intención no es eliminar al contrario, sino detener el agravamiento del estado económico, de salud y de seguridad que padece el país desde hace un par de años y que se puede traducir en una década pérdida en materia de desarrollo social, progreso económico, cobertura educativa, apoyos al campo y creación de oportunidades.
No es una decisión fácil la que han tomado estos partidos políticos, pero tampoco lo es la situación que sufren millones de familias y la falta de respuestas para atender la sindemia que nos está golpeando directa e inmisericordemente.
@jlcamachov