No porque una mentira se repita mil veces se convierte en verdad, y así sucede con los mal llamados programas sociales del actual gobierno federal que, con base en cifras y diagnósticos, se ha evidenciado que no son programas ni son sociales y mucho menos cumplen con el cometido de auxiliar a las y los mexicanos más pobres para salir adelante.
Lo que sí se comprobó el pasado 6 de junio es que están medio hechos para comprar votos, no para ayudar a la gente.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha advertido que los “programas sociales” prioritarios de la actual administración federal fueron puestos en marcha con deficiencias en su diseño, ya que en su primer y segundo año de operación carecieron de una definición clara de su población objetivo y de los problemas sociales que buscaban atender.
De igual forma, operaron con poca o nula infraestructura física y recursos humanos dado el contexto de “austeridad” y aún no está claro el impacto de los programas en las condiciones de vida de la población.
Lo que mal empezó, ha empeorado con el paso de los meses, pero se ha agravado aún más con la pandemia y la nula capacidad de respuesta del gobierno federal.
Una de las situaciones más preocupantes vinculadas con la deficiencia de los programas sociales actuales es que carecen de reglas de operación, o en pleno funcionamiento se realizaron cambios a sus reglas, ocasionando una incertidumbre que ha puesto en riesgo su operación en favor de los beneficiarios.
Las intervenciones de los programas cuentan con poca claridad en la definición del problema que pretender resolver y ello se refleja en los siguientes datos.
En mayo pasado 387 mil 756 mexicanos se sumaron a las filas del desempleo, sin que exista un plan o programa social abocados a la atención y apoyo de este sector de la población.
Hoy la informalidad laboral en el país alcanza a 55.5% de la población ocupada, representando un incremento de 3.7 puntos porcentuales respecto a mayo del año pasado, lo cual se traduce en falta de cobertura de servicios sociales básicos como la salud y alimentación.
30.5 millones de mexicanos son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, lo cual debería ser un foco prioritario de atención para el gobierno y no lo es.
Existe un aumento abrupto en el indicador de carencias por salud derivado de la desaparición del Seguro Popular y el fracaso que ha sido el llamado INSABI, a lo cual se suma la falta de medicamentos, equipo médico, mantenimiento de instalaciones y despido de médicos y enfermeros.
De 170 indicadores de la situación antes del inicio del programa y metas (a dónde quieren llegar) de los programas prioritarios de la administración federal, en 101 ni siquiera se estableció una línea de base o punto de partida para medir avances, mientras que en 40 indicadores se establecieron metas iguales a su línea base, es decir, no se buscó una mejora de la situación prevaleciente sino solo mantenerla.
Se trata de una verdadera catástrofe que ha arrasado con los programas sociales que sí funcionaban para dejarnos sin nada, especialmente a los más pobres y vulnerables.
Hoy en día no existe ningún indicador ni diagnóstico que permita sostener que hay una política social y menos aún que ésta sea exitosa o haya sido factor central para permitir que alguien superara la pobreza.
@jlcamachov
