/ domingo 7 de marzo de 2021

Acontecer Político | La reforma del Legislativo

El Congreso de la Unión ha reformado numerosas leyes con el objetivo de armonizarlas con la realidad del país. Sin embargo, no ha hecho lo mismo con su propio marco jurídico, el cual ha quedado rebasado en numerosas ocasiones y la reelección consecutiva de sus integrantes no es la excepción.

El proceso electoral en marcha, que por primera vez desde 1932 permitirá que legisladores federales en funciones también sean candidatos en busca de su reelección inmediata, adolece de reglas claras que equilibren la contienda y garanticen campañas equitativas sin uso indebido de recursos públicos. Y ello se debe a que justamente el Congreso mexicano no legisló con toda oportunidad y cuidado.

Esa omisión se añade al contexto de emergencia creado por la pandemia, la cual provocó que la mayor parte del segundo año de ejercicio de la actual legislatura se quedara sin sesiones ordinarias y se descuidara el trabajo legislativo. Ni la Constitución, ni la ley ni los reglamentos contemplaban la posibilidad de realizar sesiones a distancia o virtuales y mucho menos la celebración de votaciones no presenciales, lo cual se tradujo en parálisis legislativa.

Se ha buscado resolver estas deficiencias por medio de reformas y acuerdos legislativos, sin embargo, se han dejado otros temas de ajuste pendientes, por lo que el Congreso sigue sin contar con las herramientas procedimentales suficientes para responder a su propia dinámica interna y mucho menos a una emergencia.

En este contexto, la dirección que ha realizado la yucateca Dulce María Sauri Riancho de la Cámara de Diputados ha sido encomiable, pues su maestría en el derecho parlamentario y conocedora de la costumbre legislativa le han permitido conducir sesiones híbridas, es decir, con legisladores a distancia y presentes, conduciendo eficazmente los debates y trámites legislativos.

La primera ley orgánica del Congreso data de 1979, fruto de la realidad novedosa que en ese momento se vivía en México producto de la reforma política de 1977 que incluyó el principio de la representación proporcional en el sistema electoral mexicano.

Dicha ley fue sustituida en 1999 por la ley que hoy sigue vigente y que creó la estructura que hoy poseen ambas cámaras federales.

Desde entonces si bien ha habido reformas a su contenido, es evidente que la casa creadora de leyes requiere un análisis integral de sus necesidades y nuevas realidades con la intención de garantizar el respeto a la pluralidad de sus integrantes, así como la legalidad de sus procedimientos.

La reelección consecutiva, reforma anticorrupción, eficacia legislativa y rendición de cuentas son algunos de los aspectos a tomar en cuenta en el análisis del nuevo marco jurídico que requiere el Poder Legislativo Federal, sin perder de vista que el parlamento abierto llegó para quedarse y volverse parte de la normalidad democrática del Congreso mexicano.


@jlcamachov

El Congreso de la Unión ha reformado numerosas leyes con el objetivo de armonizarlas con la realidad del país. Sin embargo, no ha hecho lo mismo con su propio marco jurídico, el cual ha quedado rebasado en numerosas ocasiones y la reelección consecutiva de sus integrantes no es la excepción.

El proceso electoral en marcha, que por primera vez desde 1932 permitirá que legisladores federales en funciones también sean candidatos en busca de su reelección inmediata, adolece de reglas claras que equilibren la contienda y garanticen campañas equitativas sin uso indebido de recursos públicos. Y ello se debe a que justamente el Congreso mexicano no legisló con toda oportunidad y cuidado.

Esa omisión se añade al contexto de emergencia creado por la pandemia, la cual provocó que la mayor parte del segundo año de ejercicio de la actual legislatura se quedara sin sesiones ordinarias y se descuidara el trabajo legislativo. Ni la Constitución, ni la ley ni los reglamentos contemplaban la posibilidad de realizar sesiones a distancia o virtuales y mucho menos la celebración de votaciones no presenciales, lo cual se tradujo en parálisis legislativa.

Se ha buscado resolver estas deficiencias por medio de reformas y acuerdos legislativos, sin embargo, se han dejado otros temas de ajuste pendientes, por lo que el Congreso sigue sin contar con las herramientas procedimentales suficientes para responder a su propia dinámica interna y mucho menos a una emergencia.

En este contexto, la dirección que ha realizado la yucateca Dulce María Sauri Riancho de la Cámara de Diputados ha sido encomiable, pues su maestría en el derecho parlamentario y conocedora de la costumbre legislativa le han permitido conducir sesiones híbridas, es decir, con legisladores a distancia y presentes, conduciendo eficazmente los debates y trámites legislativos.

La primera ley orgánica del Congreso data de 1979, fruto de la realidad novedosa que en ese momento se vivía en México producto de la reforma política de 1977 que incluyó el principio de la representación proporcional en el sistema electoral mexicano.

Dicha ley fue sustituida en 1999 por la ley que hoy sigue vigente y que creó la estructura que hoy poseen ambas cámaras federales.

Desde entonces si bien ha habido reformas a su contenido, es evidente que la casa creadora de leyes requiere un análisis integral de sus necesidades y nuevas realidades con la intención de garantizar el respeto a la pluralidad de sus integrantes, así como la legalidad de sus procedimientos.

La reelección consecutiva, reforma anticorrupción, eficacia legislativa y rendición de cuentas son algunos de los aspectos a tomar en cuenta en el análisis del nuevo marco jurídico que requiere el Poder Legislativo Federal, sin perder de vista que el parlamento abierto llegó para quedarse y volverse parte de la normalidad democrática del Congreso mexicano.


@jlcamachov