Por: Jessica de Alba Ulloa *Investigadora, Facultad de Estudios Globales-Universidad Anáhuac México
El lunes pasado se firmó en la ciudad de Marrakech, en el Reino de Marruecos, el Pacto Mundial para la Migración, elaborado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alrededor de 150 países del mundo lo firmaron, entre ellos, México. Los ausentes: Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, Italia y República Dominicana. Los gobiernos de estos países afirman que el pacto es incompatible con su soberanía y que alentará la migración ilegal.
La migración es una actividad natural. Ha permitido a los seres humanos desplazarse para encontrar condiciones de vida adecuadas para su supervivencia. También ha sido fundamental para el desarrollo de varios estados. Sin embargo, en esa figura reside la clave: la existencia del Estado-nación, viene acompañada de una serie de reglas para su funcionamiento y conservación. Como uno de tantos, el fenómeno de la migración debe ser regulado por éste. La dificultad está en empatar el derecho de migrar con la soberanía estatal de decidir de acuerdo con sus leyes a quien recibe… y a quién no.
El nuevo pacto parece ser una de tantas iniciativas dentro de ese monstruo en que se ha convertido la ONU, en las que se desea todo y no se logra nada. Pretende que los estados “aprovechen los beneficios de los procesos migratorios” y colaboren para mitigar las problemáticas que los acompañan. No se dice cómo ni se hace diferencia entre los migrantes documentados y los indocumentados, lo que genera críticas de sus detractores. Tampoco es un tratado vinculante. Cada Estado determina sus políticas de control como convenga a sus intereses. Así, el aclamado pacto no resuelve nada. Sólo “legitima” ante la opinión pública internacional a gobiernos que se quieren abiertos, democráticos y tolerantes, encasillando en los adjetivos contrarios a los países que han decidido no participar.
Pero la raíz del problema migratorio está en los estados expulsores. No en los que no desean abrir indiscriminadamente sus fronteras. Los países que no satisfacen el bienestar de su población generalmente han tenido gobernantes y sistemas corruptos a los que por décadas se ha asistido con miles de millones de dólares mediante cooperación al desarrollo, sin éxito.
Sería deseable que la posición y acción del gobierno mexicano fuera más allá de firmar el pacto, que, contrario a lo declarado por el canciller Marcelo Ebrard, no resolverá la problemática de la migración centroamericana. El Estado mexicano tiene leyes migratorias que no se aplican en la realidad. Se navega con discursos de protección de derechos humanos, corrupción e inacción de la autoridad. Esto se ha hecho evidente con la crisis derivada de los miles de centroamericanos que cruzaron por territorio nacional, además, con el apoyo de algunas autoridades. La población mexicana está dividida entre el apoyo y el rechazo a los migrantes. La firma del pacto no es una solución. Lo será cuando México decida de una vez qué política seguirá de acuerdo a la voluntad de las mayorías. Eso es la democracia.
