Hay tres sentencias judiciales recientes que dan primacía a la libertad de expresión y el derecho a la información, tienen como eje transversal la protección a periodistas en los siguientes casos: cuando se les demanda por violencia política contra la mujer; cuando se les ataca y estigmatiza en espacios de comunicación gubernamental y, cuando se garantiza la labor periodística para conocer asuntos de interés público.
El primer caso lo resolvió por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde una diputada federal promovió una acción de violencia política de género contra una analista y periodista, que había ventilado la presunta utilización de un avión militar (facilitado por un exsecretario de Estado) para transportar a la familia de la legisladora, el asunto es relevante porque deja como antecedente que las demandas por violencia política de género no deben ser utilizadas para acallar a periodistas, y en los asuntos donde esté en juego la libertad de expresión, debe valorarse el contexto, los hechos, y la interacción entre ellos; este precedente será relevante para evitar denuncias frívolas en este proceso electoral y en el futuro.
Otro caso, fue el relativo a evitar la estigmatización cometida por servidores públicos en perjuicio de periodistas, en el caso concreto, un analista-periodista había sido recurrentemente aludido durante la conferencia matutina (“mañanera”) y en la sección “quién es quien en las mentiras”, por lo que recurrió ante la Justicia Federal y un juez de amparo le concedió la razón, valorándose que un periodista no debe ser castigado por parte de las autoridades con motivo de las opiniones que expresa respecto de temas de interés público, porque la libertad de expresión debe constituirse como una institución ligada de manera indivisible al pluralismo político, por lo que los ataques desde la “mañanera” resultan señalamientos que no son objetivos ni imparciales, ya que contienen juicios de valor, que no están sustentados.
En el último asunto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un recurso en materia de transparencia, donde se ordenó al gobierno que se diese a conocer la información sobre la contratación del software de espionaje “Pegasus”, que da la casualidad había servido para espiar a periodistas; el régimen se negaba a dar la información, con esta decisión se da transparencia a un asunto de relevancia e interés público, permite conocer si la actuación de las autoridades se ajusta a la ley y sienta un precedente para que no siga espiando a periodistas o a cualquier persona.
Es decir, para poder ejercer el periodismo y el derecho a la información en México se tiene que llegar a las instancias judiciales, so pena de ser estigmatizado o considerado “conservador” o “beneficiado del pasado”, no es más fácil dejar ejercer las libertades.
