En los tiempos políticos que vive el país, cuando la relación México-Estados Unidos (EU) no atraviesa por el mejor momento, existe una diplomacia frente a las cámaras y micrófonos, pero en los dichos y en los hechos entre ambos gobiernos existen una serie de mensajes de tensión. Pero el caso ahora es observar cómo los poderes judiciales en ambos países juegan un papel importante para que, en el ámbito electoral, la libertad de expresión impere no sólo como garantía sino también que no existan falsedades.
Tanto en EU como en México se está debatiendo judicialmente la libertad de expresión en materia electoral, aquí con la impugnación del Plan B Electoral y allá en el caso Dominion Vs Fox, donde la primera es una consultora electoral que, reclamaba $1.6 mil millones de dólares en daños, con motivo de que Fox News emitiera afirmaciones falsas relativas a que Dominion se había involucrado en una conspiración para robar las elecciones presidenciales de 2020 en favor de Joe Biden; las afirmaciones difundidas y repetidas en programas de Fox fueron fundamentales en la estrategia de Trump para alegar un fraude.
El reclamo se resolvió en la víspera de que se integrara el jurado que iba a resolver, Fox admitió las falsedades y pagará la mitad de lo exigido, pero aún enfrenta una segunda demanda similar de otra consultora electoral, Smartmatic.
En nuestro país, en vísperas del proceso de 2024, el régimen intentó primero una reforma constitucional que acabó en modificaciones legales a la Ley General de Comunicación Social que tienen impacto en la materia electoral, el asunto se impugnó ante la Suprema Corte, quien suspendió la reforma y está pendiente de resolverse.
La libertad de expresión es esencial para la democracia y los procesos electorales, cualquier determinación legal o judicial que la afecte debe ser analizada cuidadosamente. En EU está el debate sobre si deben existir mayores restricciones a los periodistas para criticar a figuras públicas o se debe mantener el modelo de “real malicia” que implica probar que existe una falsedad o inexactitud que provoca un daño, así como una falta de cuidado en corroborar la información, en otras palabras, el estándar requiere no sólo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar.
De esta manera, los poderes judiciales como contrapeso en un sistema político están asentando el respeto por las libertades, entre ellas las de expresión y que de ninguna manera debe tomarse que tratan de llevar la contraria a los otros dos poderes (legislativo y ejecutivo), lo único es que cada cual haga lo que le corresponde. En una elección hay mucho en juego como país, por lo que, ante todo la libertad de expresión debe estar garantizada.
