Ayer fue el cierre del periodo legislativo, donde el régimen presidencialista y su partido impulsaron en cuestión de días una serie de reformas en el ámbito administrativo que tendrán una repercusión en diversos sectores de la economía y muy seguramente concluirán como ya se está haciendo costumbre en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo único que está claro es que el único contrapeso que tiene el Ejecutivo y su mayoría en el Legislativo es la SCJN, ya lo dejo asentado en materia de la guardia nacional y su intento fallido de trasladarla al ejército; o con sendas suspensiones al denominado Plan B en la materia electoral.
Por desgracia, los partidos opositores no alcanzan con su presencia parlamentaria para detener reformas a leyes secundarias, pero dejan asentado en tribuna y con su voto el rechazo, que luego les permite interponer medios legales que llegan al poder judicial federal.
Lo anterior, lo podemos corroborar con lo sucedido el miércoles pasado en la Segunda Sala de la SCJN, donde los dos proyectos de resolución que sometió a consideración la Ministra Loretta Ortiz, uno para levantar la suspensión a la Ley General de Comunicación Social y otro, negando el amparo para que se disolviera el FIDECINE, le fueron votados en contra por tres ministros (Pérez Dayán, Laynez y Aguilar), sólo la apoyó la ministra Esquivel, con lo que se detuvo las intenciones gubernamentales.
De esta forma la SCJN logra mantener el respeto a la libertad de expresión, tanto desde el ámbito de la propaganda gubernamental no sea utilizada como un arma de castigo o premio a sus medios afines y la libertad de seguir produciendo películas mexicanas con apoyo estatal.
Pero también cabe destacar que cuando existen acuerdos entre las diversas fracciones parlamentarias, se pueden enmendar situaciones contrarias a la Constitución, como fue el caso de la derogación del último párrafo del artículo 26 Bis de la Ley General de Comunicación Social, que violaba la autonomía presupuestaria de Estados y municipios para manejar en las diversas plataformas de difusión su propaganda; o bien, el intento por la designación del comisionado del INAI que hace falta para poder sesionar y así garantizar el derecho a la información, hasta el cierre de esta columna el Senado era un colapso, de no llegar a lograrse acuerdo, tarde o temprano lo hará la Corte.
Lo que debe quedar asentado es que se está llegando a una inercia que cualquier reforma impulsada por el Ejecutivo o su partido, radicaliza no sólo al Congreso, sino también a diversos sectores de la sociedad -en particular- al empresariado que ve una incertidumbre cuando le quieren cambiar condiciones en materia de concesiones o la discrecionalidad para revocárselas, lo que podría conducir a la SCJN, al extremo de un desgaste por los ataques oficialistas por sus resoluciones, cuando lo único que hace es impartir justicia y velar por el respeto a las libertades.
