La problemática que más preocupa a los ciudadanos del país es sin duda alguna, la delincuencia, la cual evita que contemos con la tranquilidad precisa para desempeñar nuestras actividades diarias, llámense económicas, sociales o familiares. Es tan aguda, que constantemente sabemos de persona cercanas que son víctimas de alguna de sus expresiones.
A lo largo del territorio nacional, 72 por ciento de las personas mayores de dieciocho años consideran que existe inseguridad en las entidades federativas en que habitan, 65 por ciento se sienten inseguros en sus ámbitos más próximos, como lo es su municipio, alcaldía, colonia o localidad, y en 35.6 por ciento de los hogares al menos un integrante ha sido víctima del delito, además de que 93.2 por ciento de los delitos no son denunciados, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del INEGI, de septiembre del año pasado.
Si bien es cierto que, las causas de que un ciudadano común decida dedicarse a actividades delictivas, están vinculadas a aspectos educacionales y económicos que sólo pueden ser resueltos con políticas a largo plazo, se requiere que el Estado aplique acciones frontales que permitan abatir este flagelo, y una muy indispensable es la investigación eficaz de los delitos.
La investigación de los delitos en nuestro país corresponde al Ministerio Público y a las policías que actúan bajo su conducción y mando; asimismo, éste tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, la cual es la única manera de que un individuo llegue a ser juzgado por haber delinquido.
Actualmente en la Ciudad de México esa responsabilidad del ministerio público se desempeña en la Procuraduría General de Justicia, la cual está a punto de sufrir un cambio medular a fin de transitar hacia la Fiscalía para que de manera eficiente logre indagar los hechos constitutivos de delitos, dejando atrás la activación burocrática de la investigación policial, los métodos autoritarios, el trato discriminado, el cúmulo de oficios y demás procedimientos que han sido identificados como obstáculos que dificultan integrar una investigación y, en consecuencia, entorpecen el acceso de las víctimas y ofendidos por la actividad criminal, a la justicia.
Con el propósito de que la transición a la Fiscalía sea trascendente y vaya más allá del simple cambio de nomenclatura, el pasado 30 de septiembre, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, presidida por el diputado Eduardo Santillán Pérez, y la Comisión de Transición de la Fiscalía de la Ciudad de México, presentaron un Plan de Transición con el nuevo modelo de la Fiscalía y los pasos a seguir para una transformación gradual de la procuración de justicia.
La finalidad del plan es acabar con los vicios localizados al interior de la hoy Procuraduría, que han permitido la impunidad, creado desconfianza de la ciudadanía y retrasado la procuración y, por ende, la impartición de justicia, todo lo cual redunda en aumento de la actividad delictiva y sensación de inseguridad en la comunidad.
La nueva Fiscalía deberá empezar a funcionar el 10 de enero del 2020, y la ley orgánica que la estructure estará lista para noviembre de este año, por lo que debemos estar atentos a foros, discusiones y actividad legislativa que nos permitan ir conociendo a fondo la estructura de la próximamente nueva institución.
Sin duda se requerirán grandes esfuerzos de las autoridades que están por instrumentar la transición, y, sobre todo, el compromiso de los servidores públicos que integran la institución y tienen el ánimo de servicio y compromiso ciudadano para contribuir a la procuración de justicia y a la seguridad pública.
Es importante recordar que deben rescatarse los elementos buenos que al día de hoy hacen funcionar a la actual institución, pues pese a los diagnósticos negativos que se han obtenido durante los meses de estudio sobre la procuraduría, debemos respetar a todas las personas que cuentan con conocimiento y compromiso necesario, que hacen la diferencia y están dispuestos a seguirse preparando en favor de la comunidad.
Celebramos la presentación del plan y auguramos exitosa implementación del mismo, a fin de que en la Ciudad de México pueda garantizarse la seguridad pública como derecho humano indispensable para la vida en comunidad y la preservación del Estado.
