Mantener incólume la necesaria e imprescindible independencia del Poder Judicial local, depositado en el Tribunal Superior de Justicia de la CdMx, y sus juzgadores, figura en primera línea en los proyectos de acción de los aspirantes a la presidencia de esta instancia Manuel Díaz Infante, Rafael Guerra Álvarez, Celia Marín Sasaki, Álvaro Augusto Pérez Juárez, y lo vemos con gran énfasis en el ideario que nos ha entregado a todos los magistrados nuestra par Rosalba Guerrero Rodríguez, que así abre fuego en la batalla para alcanzar la presidencia de nuestra augusta institución.
El entusiasmo y la esperanza marco del preámbulo de ese proceso interno no son privativos de los magistrados que ven la posibilidad de poder servir desde ese sitial a la institución y a la nación —no sólo a los justiciables avecindados en la capital federal—, también los abriga la base trabajadora, que confía en que ahora sí se considerará que el salario es injusto en relación con que “la carga de trabajo rebasa constantemente la capacidad humana y, sin embargo, la sacamos adelante”.
Ese que es punto principal en la esperanza de la base trabajadora lo comparte la magistrada Guerrero Rodríguez porque le ha constado durante su larga trayectoria en el Tribunal, el aumento constante de casos a ventilar y cómo los sueldos no compensan el esfuerzo que requiere su trámite y resolución.
Ella lo deja muy claro cuando nos dice que “cree en la inteligencia, creatividad, capacidad de organización y trabajo de los hombres y mujeres de nuestro tribunal”, pero los percibe saturados de trabajo atendiendo cargas que por su volumen y complejidad superan con mucho la capacidad física de ellos y la capacidad instalada de nuestra institución.
Define que se debe luchar, lo que haría desde la presidencia, por un salario adecuado y justo, acorde con la delicada, compleja y especializada tarea de la administración de justicia, “tal y como acontece en los países desarrollados”, donde se reconocen la importancia y aportaciones a la paz social que hace el sistema de impartición de justicia.
Ofrece que de alcanzar la presidencia, se asegurará de que la ética, la virtud y las buenas prácticas judiciales sigan como eje rector de todo comportamiento en el Tribunal, siempre con apego a los más altos valores de honor, responsabilidad, respeto, justicia y orden, trabajando con armonía y eficacia. Convengo con ella en que todo esto nos ayudará a buen ambiente institucional y a acrecentar el respeto y reconocimiento social a nuestra labor judicial.
Consideraría las actividades de los litigantes, lo que es evidente cuando ofrece reducir “las pesadísimas cargas de trabajo que nos abruman” robusteciendo opciones de solución de conflictos más asertivas, eficientes y reales, como la conciliación, y fomentando la cultura del arbitraje y abatiendo las malas prácticas forenses como el abuso del derecho, la simulación, la interposición de incidentes, demandas y recursos ociosos. De aquí se infiere que tomará en cuenta las actividades de los litigantes.
Coincide con nuestro criterio de que “es hora de reorientar la ética en el foro y de usar tecnologías de vanguardia para mejorar las prácticas procesales.
Garantiza su compromiso de que el pleno de magistrados mantenga su capacidad para discutir, disentir y proponer, libres en el uso de la voz y difundir su pensamiento, ser autocríticos y “decidir sin imposición de ideas, ni represalias políticas por su diversa forma de pensar…”. La magistrada Rosalba Guerrero se ocupa también del Consejo de la Judicatura, en el que impulsaría la sensibilidad, creatividad y humanismo. Así es el Derecho
