Así es el derecho | Instituciones anticorrupción

En plena carrera electoral ha surgido tema considerado preponderante por diversos actores políticos, incluidos los propios precandidatos a la Presidencia: la integración de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, creado mediante reforma constitucional  a fin de constituir instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción, con la participación ciudadana y la coordinación de los diversos órganos de combate a esa perversión en la Federación, sus entidades y los municipios, incluso los de la Ciudad de México.

La integración del sistema supone nombramiento de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, contralores internos, fiscales y magistrados, con la intervención del Congreso de la Unión y la sociedad en general. Su objetivo es que el servicio público sea regido por los principios legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

La noticia de estos tipos de nombramientos y la publicación de las normas inherentes suelen estar muy apartadas del interés ciudadano, son asuntos que ven desde lejos, como ajenas a su realidad, e incluso piensan en ellos como algo que no les afecta, sin percatarse de que se trata de edificar instituciones que conforman y sostienen el entramado estatal y la democracia y, por lo tanto, inciden en la conservación de la paz y el orden público necesario y tan deseado para la convivencia social.

La creación de esas instituciones deviene del hecho incuestionable de que el hombre siempre se organiza y, entre mejor lo haga, requerirá mecanismos o elementos que permitan la cohesión y convivencia pacífica de todos sus semejantes, que darán reglas e impondrán sanciones a quienes los desobedezcan, procurarán la buena marcha de dichas instituciones, que conciliarán las diferencias surgidas dentro de la organización social e impondrán el comportamiento de la misma.

Esas instituciones adquieren importancia vital especialmente en el momento en que una sociedad está empeñada en la consolidación democrática, incluso el institucionalismo se convirtió en paradigma a partir del tránsito de regímenes autoritarios a democráticos (de lo que  Samuel Huntington habla en su libro “La tercera ola”), lo que representa la transmisión del poder político autoritario, absolutista, a un conjunto de normas y reglas institucionalizadas. Las cuales en adelante son las que van a decidir la distribución de poder y recursos tanto políticos como económicos en la sociedad.

Si las instituciones son las encargadas de la distribución de poder, recursos y el mantenimiento del orden social, deben ser de interés primordial de cada uno de los ciudadanos, y la información sobre los procesos de convocatoria, calificación y elección de sus integrantes deben ser públicos, tanto por derecho de los ciudadanos como por obligación de los mismos de inmiscuirse en el presente y futuro de la organización social a que pertenecen.

Debemos tener presente que el éxito de las acciones y políticas desarrolladas a través del entramado institucional está directamente ligado a la gobernabilidad y estabilidad del sistema jurídico y político, de aquí que el conocimiento de las instituciones y la empatía con los principios que las sostienen sean  tan importantes como el desarrollo profesional, ético, independiente, honrado, leal y eficiente de los servidores públicos, para  la consecución del orden, la paz y armonía indispensables para la vida en sociedad

En este sentido, la atención y compromiso ciudadano debe ser llevados al máximo en el tema tan relevante como el Sistema Nacional Anticorrupción, que mediante la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil, pretende reafirmar la confianza ciudadana en la labor pública en general, en beneficio de la estabilidad social y la gobernabilidad de nuestro gran país.

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