La participación de los deportistas mexicanos en los pasados Juegos Panamericanos, sobresaliente en relación con justas anteriores, pues ganaron 37 medallas de oro, 36 de plata y 63 de bronce, catalizó el interés de todos en el país y los representantes nacionales decidieron asignar mayores recursos al deporte, como manera de reconocer y festejar sus triunfos y, también, estimularlos a fin de que continúen sus resultados positivos en futuras contiendas.
En entregas anteriores me he pronunciado acerca de los varios beneficios del deporte a la sociedad porque es instrumento para mantener a niños y jóvenes lejos del alcohol, las drogas y la delincuencia, y saludable para quienes lo practican, por lo que el Estado debe garantizar su desarrollo e impulsar también a la población a practicarlo; su importancia no está lejos de todo lo que se hace para combatir la inseguridad, pues la salud y la seguridad son temas prioritarios para el bienestar del país.
El deporte es un derecho contenido en el artículo 4º de la Constitución Política federal, donde se establece que toda persona tiene derecho a actividades culturales y deportivas, y la responsabilidad estatal para su promoción y fomento conforme a las leyes en la materia.
Ahora, al margen de esa responsabilidad, el gobierno federal decidió asignar más de doscientos veintidós millones de pesos en forma de beca mensual de 20 mil pesos durante un año a cada uno de los quinientos cuarenta y cuatro tenaces y disciplinados atletas y sus entrenadores. El beneficio es mayor porque el importe de la beca se les entregará en una sola exhibición. Adicionalmente recibirán por una sola vez, cuarenta mil pesos los de medalla de oro, treinta y cinco mil pesos los de plata y veinticinco mil pesos los de bronce.
Como se sabe, parte de esos fondos se obtuvieron de la subasta de inmuebles realizada por el sistema de Administración y Enajenación de Bienes el pasado domingo 11 de agosto en el Centro Cultural los Pinos, entre ellos la casa confiscada a Zhenli Ye Gon, por la cual se obtuvieron ciento dos millones de pesos.
Dichos inmuebles fueron incautados en su momento a favor del gobierno por estar relacionados con la delincuencia y, como podemos constatar, lo que se adquiere al rematarlos se destina a beneficio de la comunidad.
Recordemos que la extinción de la propiedad de bienes a favor del Estado cuando son instrumento, objeto o producto de un delito, está contemplada en la Constitución nacional desde el 2008, pero nunca, hasta ahora, supimos si eran aplicados para beneficio de la comunidad, como sucedió con lo pagado por la casa de Zhenli Ye Gon y demás inmuebles.
En este contexto es necesario reconocer el espíritu de la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, a la que me referí en mi colaboración pasada, pues es necesario tener instrumentos para debilitar la delincuencia y, al mismo tiempo, obtener recursos que pueden aplicarse a favor de la sociedad, como ahora sucede con el deporte nacional.
Esa ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de agosto, sin oposición dados sus beneficios y que no hay quien se oponga a debilitar el poder financiero de los grupos delincuenciales, pero debemos poner atención en los puntos cuestionados porque se consideran violatorios del principio de presunción de inocencia, del debido proceso y de la seguridad jurídica, y porque respetar en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos es indispensable para mantener vigente el Estado de Derecho.
Así es el Derecho
