Sociedades de bajo nivel de confianza requieren de reglas más precisas e instituciones que ayuden a su cumplimiento. Esta es una regla básica de la política pública. Mientras mayor sea el nivel de confianza en una sociedad, y por tanto de cooperación entre los actores, alcanzar objetivos es más sencillo; cuando se debilita la confianza nos complicamos la vida, y esto es lo que nos pasa en México en muchas materias.
Es el caso de la movilidad. En unos días se cumplirán cuatro años de aprobada, por la Asamblea Legislativa, la Ley de Movilidad, que con bombo y platillo se anunció como el cambio en el paradigma de movilidad.
Estrictamente este cambio inició pero se quedó sumamente corto.
La Ley de Movilidad fracasó y por una razón muy simple. Los únicos avances sustantivos son prácticamente de carácter filosófico, porque en el nivel institucional se mantiene el carácter político del sector.
Pongámonos cualquier día por la tarde en Eje Central y veremos decenas de agentes de tránsito en todas las intersecciones moviendo la manita para que pasen los automóviles. Será muy común ver el momento en que aún teniendo el alto, los policías se empeñan en que sigan pasando los vehículos. Peor aún, acerquémonos a cualquiera de estos policías a hablarles del “nuevo modelo de movilidad”, señalarán el problema que pretenden resolver: los autos.
El esquema de operación del transporte público ordinario no cambió, esperan pasaje fuera del Metro y en las avenidas principales, manejan de manera agresiva y los choferes escuchan la música que les hace pasar mejor el día, al volumen que los hace más felices. No es su culpa, así ha sido siempre y la ley no cambió nada.
¿Ley o política pública? La Ley de Movilidad se quedó en un articulado barroco que no alcanzó a perfilar instituciones de movilidad. El triunfo político estuvo en aprobar la ley, no en la transformación del transporte o el espacio público. Posterior a la ley se publicaron los Programas Integrales de Movilidad y de Seguridad Vial. Un avance, sin duda, pero en español: hoy la movilidad es uno de los principales temas de campaña y no hay elogios a las acciones de los últimos años, porque el modelo ha estado incompleto. La ley no detalla la quimera que persigue.
La próxima legislatura tendrá en sus retos incorporar en la legislación elementos tales como la protección al peatón, las características mínimas de un buen sistema de transporte, la integración del transporte público, el vínculo entre transporte y espacio público, la política para el transporte de carga (que estrictamente queda fuera del concepto “movilidad”, más orientado a las personas).
La reforma debe ser profunda esta vez, recuperar el término “transporte” e incluir la visión de espacio público, en donde naturalmente quedarían incluidos los peatones: Ley de transporte y espacio público.
¿Por qué pienso en la ley antes que en la política pública? Partiendo de que somos una sociedad de bajo nivel de confianza, es decir, nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo: la ley debe dejar en claro lo que buscamos y sancionar a las autoridades cuando no caminen en esa dirección; así como detallar lo que garantizamos (derechos relacionados con la movilidad) y cómo lo garantizamos.
