Hace poco más de un mes, el Gobierno de la Ciudad de México publicó reformas al Reglamento de Tránsito con el objeto de preparar la instrumentación de las llamadas Fotocívicas que iniciaron el pasado lunes 22 de abril.
Con la reforma que comento, la licencia para conducir vehículos motorizados quedó sujeta a un régimen de puntos. Sin embargo, “aprovechando el viaje”, el Gobierno de la Ciudad actualizó la lista de vialidades en las que se autoriza circular a 80 kilómetros por hora, en vez de los 50 kilómetros vigentes en todas las vías primarias de la Ciudad de México y de países con baja mortalidad en incidentes de tránsito.
La instrumentación de esta parte de la reforma al Reglamento de Tránsito fue particularmente torpe: habiendo una previsión de ley para que la clasificación de vialidades se dé en un órgano colegiado y técnico bajo la Secretaría de Movilidad, la modificación se llevó a cabo sin siquiera haber instalado dicha comisión.
Aunado a esto, a las nuevas autoridades se les olvidó que la promulgación del Reglamento en 2015 se hizo de la mano de organizaciones de sociedad civil relacionadas con la movilidad, el ciclismo y la seguridad vial.
Por lo tanto, las autoridades de movilidad no sólo enfrentaron un divorcio con su grupo natural de apoyo para llegar a la Secretaría de Movilidad, también han emitido actos jurídicos carentes de sustento legal: el incremento de la velocidad en 11 vialidades es ilegal y por tanto tendría que revertirse.
Para corregir la pifia, primero la Secretaría de Movilidad instala, tardíamente, la Comisión de Clasificación de Vialidades; y segundo, empieza a renegociar con algunos de sus críticos (los que ellos escogen) revertir el incremento de la velocidad en tres vialidades y hacerlo menos radical en una más, sin seguir criterios de auditoría de seguridad vial.
Explico. Mi percepción teórica es que en Insurgentes Sur, a la altura de Ciudad Universitaria, al carecer de intersecciones, la velocidad puede ser superior a los 50 kilómetros por hora; a su vez, al carecer de una segregación entre carriles centrales y laterales, tampoco se puede llegar a los 80 kilómetros por hora del Reglamento de Tránsito ni los 70 recomendados internacionalmente para vialidades como el Periférico. Por deducción, uno puede concluir que la velocidad máxima debe ser 60, pero al tratarse de un incremento al límite establecido tendría que hacerse una auditoría de seguridad vial.
Por otro lado, la tendencia internacional es a la reducción y no al incremento de velocidades por lo que si realmente el gobierno de Claudia Sheinbaum está comprometido con transformaciones que mejoren la calidad de vida, a la par que vialidades precisas, bajo estudios técnicos, suban su velocidad, otras vialidades se encaminen hacia límites inferiores a los actuales.
Esta novatada con la que están arrancando un grupo de funcionarios, sin experiencia previa suficiente, debería terminar con un manotazo en la mesa: trabajar de la mano de quienes, desde sociedad, participan en la nueva agenda urbana.
Sólo subir la velocidad, sin bases legales ni técnicas, está demostrando que, aunque el Secretario Andrés Lajous se mueva en bicicleta todos los días, el espíritu de la actual administración se mueve en auto de ocho cilindros y tracción trasera, como antaño.
