En este espacio, hace exactamente un año, advertía sobre síntomas de un federalismo fracturado y de un sistema de coordinación fiscal inoperante, a propósito de la promoción partidista de procesos de desaparición de poderes de algunos estados, así como del reclamo de varios gobernadores por una fuerte reducción en sus participaciones y una distribución injusta de los recursos públicos. Hoy estamos frente a una grieta federalista que puede crecer como una crisis que comprometa la cohesión nacional, y en el momento más inoportuno.
El que el Gobierno Federal y los de varios estados ni siquiera puedan tener una interlocución institucional, y justo en la coyuntura del Covid-19 y la peor recesión económica en décadas, es un síntoma de grave descomposición política. Confirma que nuestro contrahecho federalismo está en un estado de riesgo para la gobernabilidad democrática y la estabilidad de México.
Las crisis siempre pueden ser una oportunidad para resolver problemas acumulados, como detonador de cambio y evolución, pero también acentuar los conflictos y los problemas.
El impasse de la tensión entre el gobierno Federal y la Alianza Federalista, que agrupa a 10 estados en los que viven cerca de 40 millones de personas, puede dar pie a que se busquen soluciones sólidas a problemáticas arrastramos desde hace años, tanto a nivel local como nacional. Asimismo, para nuevos retos, incluyendo el shock económico y una polarización política que complica todo.
Sin embargo, también puede ser una caja de Pandora de la que salgan más problemas e infortunio. Lo que menos necesita México en esta hora tan difícil para la nación es una ruptura entre el centro y varios estados.
Se ha dicho que es absurdo pensar en una fragmentación o balcanización. Lo es, y los gobernadores de la Alianza lo han descartado. No obstante, no deja de llamar la atención que se discuta, como no ocurría quizá desde el Siglo XIX. Y como muestra la historia, lo inimaginable deja de serlo cuando se multiplica la pregunta “¿Y por qué no?” en contextos de cerrazón y rechazo al diálogo.
Se necesita responsabilidad de ambas partes y exigencia ciudadana en ese sentido. Sólo así la crisis será ocasión para superar problemas en vez de complicarlos. Porque más allá de si detrás del conflicto hay intereses políticos de uno y otro lado, lo cierto es que sí existen distorsiones y fallas estructurales en el andamiaje federalista, tanto en materia fiscal como de distribución de competencias y responsabilidades.
Asimismo, es un hecho que esta tensión entre el centro y los estados se da sobre un caldo de cultivo de enrarecimiento político. Efectivamente, hay un reflujo centralista y autoritario. Se inscribe en la línea del arrinconamiento de los órganos autónomos, del alineamiento en el Poder Legislativo federal y en las presiones al Judicial. A fin de cuentas, el federalismo es otra pieza o contrapeso central de la democracia en un país que se llama Estados Unidos Mexicanos.
Tampoco es nuevo que desde la capital no se capten o asimilen en su justa dimensión las tormentas en formación a nivel local, ni que se subestimen o se hagan lecturas erradas. El desprecio a los reclamos locales puede traer graves consecuencias. Hay que insistir en que, detrás, hay problemas reales y legítimos. Las distorsiones en la distribución fiscal lo son.
Los estados y municipios reciben, en promedio, 90% de sus ingresos de las transferencias federales y entre 9 y 10 por ciento de ingresos propios; pero hay estados que apenas llegan al 5%, como Veracruz o Oaxaca. Chiapas y Guerrero no han alcanzado ni el 4 por ciento. La mitad de las entidades federativas que menos impuestos federales recauda, menos de 13% del total, llegan a recibir más de 55% entre aportaciones y participaciones.
Se estima que Jalisco ha recibido unos 30 centavos por cada peso que aporta a la Federación; Coahuila, unos 22; Tamaulipas, 20; y Nuevo León, 15. Chiapas, en cambio, llega a obtener más de 330 pesos por cada 100 que pone. Es cierto que ni estados ni municipios aprovechan a fondo los impuestos bajo su jurisdicción, pero ello no quita el notorio desbalance general, que se torna como una losa ante contingencias de escasez como la actual.
La solidaridad con las entidades rezagadas y con más pobreza es un principio básico del Pacto Federal, pero no podemos llegar al grado de socavar las capacidades financieras de los estados más productivos y que más aportan. De seguir así, todos acabaran perdiendo.
Nuestro sistema de coordinación fiscal ya no funciona. Sería una gran noticia para México que el conflicto nos llevara a otra Convención Hacendaria que, además de servir como puente de reconciliación, ayudara a generar acuerdos para enfrentar mejor la crisis de salud y económica. Básicamente, se trata de adecuar la distribución de competencias, obligaciones, responsabilidades y recursos, con equilibrios idóneos para cada estado y la nación en su conjunto.
El federalismo fiscal es un pilar fundamental del modelo de Estado democrático y federal que nuestro país asumió desde sus orígenes como República, en la Constitución de 1824. Hoy, como lo era entonces, su solidez es esencial para mantener la vigencia de la cohesión nacional. La otra opción es más polarización y deterioro económico.
