Corrupción empresarial endémica

Entre 1980 y 1984 la BBC de Londres emitió una serie televisión que constituye un hito en la historia de la comedia política; algunos críticos la consideran la mejor de todos los tiempos en su género. “Yes Minister” en su primera etapa de tres temporadas y “Yes Prime Minister” tuvieron gran popularidad porque al tiempo que presentaban divertidas tramas plenas de un extraordinario humor satírico, revelaban los intríngulis del sistema político británico; la compleja relación, a veces conflictiva, entre los políticos que ocupan los cargos gubernativos y el servicio civil de carrera de larga tradición en la Gran Bretaña; las verdaderas razones de muchas decisiones gubernamentales; los enfrentamientos al interior del sistema y, particularmente, dentro de los propios partidos políticos y los grupos parlamentarios; el conjunto de intereses que se mueve en torno a los funcionarios, así como las auténticas prácticas que operan tanto dentro del gobierno como en su relaciones externas.

Respecto de esto último la serie presenta un capítulo que indudablemente es de los mejores momentos humorísticos de la televisión denominado “La Dimensión Moral”, el cual viene a cuento con motivo de la revelación de que alguna empresa de las seleccionadas para participar en el proceso de construcción de la futura refinería de Dos Bocas, se ha visto involucrada en posibles actos de corrupción.

En el referido episodio, el Ministro del gobierno británico encargado de la Función Pública se ve envuelto en un problema de corrupción empresarial: a un funcionario del ministerio le revelan que la Compañía Electrónica Británica obtuvo importante contrato sobornando con un millón de dólares a gobernantes de un Emirato Arabe. Dicho funcionario lo informa a su jefe, un alto jerarca de carrera de la Administración Pública, quien no solo no se inmutó, sino que tenía conocimiento de la situación, y con desfachatez dijo que todos los contratos con ese Emirato se obtenían a través de soborno. Con gran cinismo agregó: “Todo el mundo en la Administración Pública lo sabe, y está bien, mientras afuera nadie se entere”. El subordinado sugirió que el Ministro debía ser informado, dado que en la Administración todos lo sabían, pero el burócrata de alto rango dijo: “No es necesario permitir que el Ministro tenga conocimiento de lo que sabemos todos los demás dentro de la Administración Pública”.

Días después, la prensa francesa publicó una nota sobre el supuesto soborno, y muy alarmado el Ministro, quien personalmente había autorizado el contrato, le exigió al jefe de la Administración Pública un informe sobre el asunto. Este rechazó indignado la posibilidad de que existieran “sobornos”, tal palabra era inaceptable, pero a regañadientes, explicó que dichos contratos incluían ciertos gastos “especiales” catalogados en una lista de circulación restringida entren las compañías transnacionales que permitían justificar los pagos indebidos. Estos verdaderos sobornos se dividían por rangos. De menos de cien mil libras, los conceptos se registraban como: “aranceles”, “donaciones personales” o “egresos misceláneos”. Entre cien mil y quinientas mil libras los registros se asentaban como: “recargos de gestión”, “costes operativos”, “honorarios de agentes”, “contribuciones políticas “, o “pagos extracontractuales”. Las erogaciones de más de 500 mil libras se reportaban como: “gastos de presentación”, “comisiones”, “gastos administrativos” o “adelantos sobre ganancias”.

El Ministro preguntó cómo efectuaban tales pagos y se le explicó que lo mismo podía ser en una cuenta numerada en Suiza, que con un montón de billetes usados entregados subrepticiamente. El Ministro casi fuera de sí lo increpó: “¿Me está usted diciendo que dar sobornos es la política del gobierno británico?” El funcionario respondió: “No Ministro, eso sería inconcebible. Nunca podría ser la política del gobierno. Solo es la práctica del gobierno”.

Los autores de esta serie, Antony Jay y Jonathan Lynn, conocían detalles minuciosos de las asuntos gubernativos británicos, lo cual indica que desde hace cuatro décadas el otorgamiento de “mordidas” para asegurar contratos era parte habitual de los procedimientos de las empresas públicas o privadas. De manera que en este momento no es cuestión de acusar al gobierno de tener contacto con corporaciones que en algún momento hayan sido acusadas de incurrir en prácticas corruptas. Lo que hay que asegurar son dos cosas: que las empresas sean técnica y económicamente capaces de efectuar la construcción de la refinería que se les habrá de encargar y que la adjudicación del contrato correspondiente no dependa de que otorgue ningún pago ilegal a los funcionarios mexicanos que participen en la transacción.

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