En menos de un mes, a más tardar el 15 de noviembre, México deberá de contar con un Presupuesto de Egresos que le permita al gobierno, en sus distintos órdenes y funciones, desarrollar las tareas fundamentales que las personas les hemos encomendado. Seguridad, justicia y bien común, desarrollo social y humano, fomento económico y generación de empleos, fortalecimiento institucional y consolidación de la democracia, proyección internacional y defensa de la soberanía, entre otras, son responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno.
Este año, por primera ocasión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron un estudio en materia de presupuesto y derechos humanos. No se trata, como simplistamente pudiera pensarse, en una forma de justificar el apoyo financiero para los organismos públicos de derechos humanos -que evidentemente lo necesitan-, sino de un esfuerzo que busca patentizar la relevancia de generar políticas públicas y aparejarles recursos económicos desde un enfoque de promoción y protección de los derechos humanos, esos contenidos en instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México y reconocidos por nuestra Constitución.
La relevancia de contar con un presupuesto para 2018 con enfoque de derechos humanos radica, principalmente, en los momentos sociales y políticos que vive el país. En lo social, problemas de siempre como la pobreza, la corrupción, la violencia, la desigualdad, el de-sempleo, la discriminación o la impunidad, se agravan ante la falta de confianza y credibilidad, como nunca, en prácticamente todas las instituciones públicas y buena parte de las sociales y privadas. Los sentimientos de la mayoría transitan entre la inconformidad, el enojo, la preocupación, el rencor y la indignación.
A lo anterior, es necesario sumar el momento político por el que atravesamos. A unos meses de la próxima elección, todo parece reducirse al futuro. Poco importa lo que hoy se vive y se sufre, pues lo realmente relevante se encuentra en las aspiraciones de decenas de personas que buscan acceder al poder. La clase política, aquella que tendría que encargarse de materializar el bien común que satisfaga a la sociedad, se encuentra concentrado en la lucha por las candidaturas. Como si los problemas pudieran entrar en un letargo hasta diciembre del próximo año.
Ante este panorama y en la coyuntura que presenta el entorno nacional en materia de derechos humanos, la aprobación de un presupuesto que considere recursos para temas sensibles como la de-saparición de personas, la prevención de la tortura, la protección a periodistas y defensores, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a un medio ambiente adecuado, el reconocimiento a los derechos de pueblos y comunidades indígenas, el acceso a satisfactores básicos como agua, vivienda o alimentación, entre muchos otros, es fundamental.
En los próximos días las y los diputados pueden hacer historia y aprobar un presupuesto cuyo eje transversal sean los derechos humanos. Con ello, comenzarían a trazar la ruta de solución a los problemas de siempre y vencerían la coyuntura de cada seis años.
