1.-“Art. 22.- (…) Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor a la Patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, el plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. En el fogoso furor hacia la abjuración unilateral del Estado que atarragó al Congreso en el primer decenio de este siglo, el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 sí sufrió la mutilación de esta parte, que en su espíritu originario la consideraba más como un poderoso disuasivo que como una facultad para materializarla en la letra.
2.-Servía también, y qué actual e inútil la reflexión ex post facto, para que criminalas de talla internacional como la famosa francesa, o la comandanta que será senadora de la República se lo pensaran dos veces antes de cometer los abominables delitos de lesa humanidad que las hicieron célebres figuras en el caso del plagio, y a castigar con esa severidad al salteador de caminos en todas las versiones que se ha ofrecido –y relacionado aquí desde hace cerca de quince años- en el hurto y quema de camiones en todo el país y, más que nada, estos días que aflora el sabotaje del crimen organizado a trenes en Veracruz, que para el gobernador es accidental.
3.-Muy aparte de si la luz de los collares considera a las plagiarias perseguidas políticas y, como al líder minero los hace senadores (en una lista en la que falta Caro Quintero y algún otro prócer), el desmantelamiento del Estado en aras de los derechos humanos de los criminales ha llevado a éstos, y al cabecilla de todos, a pitorrearse del contrato social que tenemos suscrito los mexicanos para darnos organización, orden y gobierno, y que se llama Constitución General de la República hasta dejarla coja, chimuela y trepanada al capricho de cualquier misántropo.
4.-Como tiene claro que la sociedad vincula el despiadado índice de violencia que nos abruma con su siembra de odio, no extrañe que el duce ordene a su congreso, antes de disolverlo, un sutil y pronto ajuste al Artículo 39 Constitucional para que diga: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en mí. Todo poder público dimana de mí y se instituye para beneficio mío. Yo tengo en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de mi gobierno”. Así evitará cualquier suerte de confusión respecto a quién detenta el poder una vez que su amado pueblo lo haya consagrado.
5.-Esa manera de pensar y de actuar es expresión de una corrupción más abyecta, impúdica y voraz que la que no se cansa de delatar y de anunciar que acabará. Es la de una mente siniestra y prostituida en aras del poder. El pertinaz tambaleo de una postura ideológica lo ubica en un prepopulismo ultraconservador de derecha de corte maoísta que arrasará cualquier estorbo. Ya se apuntó aquí cómo los Poderes de la Unión, la educación pública serán segados. Así, se sigue con el despedazamiento del orden constitucional, y las estructuras de poder que quedaban, para allanarse la vía del totalitarismo tiránico que no tiene que dar cuentas a nadie.
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